La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha quedado sola en la defensa de esa barbaridad jurídica que responde en términos populares a la ley del "solo sí es sí", aciaga máxima cuyos efectos judiciales son la rebaja de penas y la excarcelación de delincuentes sexuales. En una alarde de empecinamiento, la señora Montero acusa a jueces y fiscales de "sesgo machista" en la aplicación de ese disparate legal, un bodrio que pasará a los anales de la ignominia legislativa.
Pero que Montero se haya embarcado casi en solitario en la defensa de ese dislate de ley no significa que sea la única responsable de la humillación de las víctimas, muchas de ellas menores. Ni siquiera es la principal culpable. Es, eso sí, el chivo expiatorio del PSOE y de una significativa parte de ese "espacio" configurado por Izquierda Unida y Podemos, que siente punzadas de vergüenza ajena ante la colosal chapuza jurídica.
En el Gobierno hay tres jueces, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y la invisible Pilar Llop, titular de la cartera de Justicia, y un jurista como Félix Bolaños, que pasa por ser el cerebro y brazo ejecutor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ellos y el resto de los ministros cuentan con un ejército de asesores entre cuyas funciones consta la de dar una forma mínimamente jurídica a las aberraciones "legales" de sus jefes.
Todo ha fallado en el control de esa ley, cuyo nombre oficial es el de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Tal vez unos legisladores más serios y humildes se habrían contentado con un enunciado que reflejara el hipotético propósito de combatir los delitos sexuales en vez de presentar un churro como la panacea en materia sexual con perspectiva de género. Un despropósito que recorrió los ministerios, pasó por el Consejo de Ministros, fue presentada en su día por María Jesús Montero, entonces en calidad de portavoz del Gobierno, sin que en aquella rueda de prensa de celebración del feminismo ultra estuviera presente la ministra de Igualdad, a la que no le dejaron ponerse la medalla en primera instancia.
Se entiende que Sánchez estaba al corriente y es Sánchez quien debería pedir perdón a las víctimas y obrar en consecuencia. Es decir, dimitir dos minutos después de derogar esa ley criminal y cesar a Irene Montero, que no es más que el involuntario parapeto tras el que se esconde la recua de incompetentes que dio luz verde a tamaño desatino de consecuencias tan irreparables como los beneficios penitenciarios de los criminales y la ofensa a sus víctimas, que lo fueron primero de sus violadores y ahora de un Gobierno plagado de peligrosos inútiles.
Es muy significativo que la vicepresidenta segunda por la cuota morada, Yolanda Díaz, no haya salido en defensa de la ministra de Igualdad subrayando, por ejemplo, la incomparecencia de Pilar Llop, Grande-Marlaska o la señora Robles. Pero Irene Montero está sola, a los pies de los caballos y en la apoteosis de la estupidez aún tiene el cuajo de culpar a jueces y fiscales de ser los representantes de una especie de machismo estructural, obviando el detalle de que magistrados y acusación pública se limitan a aplicar las leyes que proceden de esa fábrica de los horrores que es el Consejo de Ministros en pleno con Pedro Sánchez en función de cabecilla de la manada legislativa que ha decidido abrir las celdas de los delincuentes sexuales.