La reforma del delito de malversación tiene como único objetivo permitir que Junqueras pueda presentarse a las próximas elecciones regionales catalanas y, en consecuencia, prolongar el apoyo de ERC a Sánchez hasta agotar la legislatura. El Gobierno debería explicarlo así a los españoles, que al menos estaríamos obligados a reconocer a la banda socialpodemita cierta sinceridad. En todo caso, las televisiones progubernamentales tienen tanta práctica en las operaciones de propaganda para confundir a la opinión pública que esto sería, únicamente, un paso más en esta escalada lamentable de servilismo mediático.
El, digamos, razonamiento del Gobierno para justificar este cambio legislativo, anunciado en los fastos de la Constitución (qué día tan propicio para ultrajarla de nuevo), insiste en que no es lo mismo robar para enriquecerse que utilizar el dinero público para fines distintos de los previstos sin llevarse un euro a casa. Y como todo en la izquierda es sentimentalismo, lagrimeo y mojigatería, añaden a lo anterior que la actual legislación es muy injusta al sancionar por el mismo delito a un alcalde que ha cambiado el destino de una partida que a Bárcenas.
Esto de utilizar al extesorero del PP como pretexto para aliviar las penas de los golfos izquierdistas y/o separatistas es la prueba del nueve de que el Gobierno sabe que está perpetrando una canallada. De otra forma no necesitaría traer a colación a un corrupto de derechas que, por otra parte, no saqueó las arcas públicas como los más recientes condenados socialistas, sino a los militantes de su partido.
Griñán es más delincuente que Bárcenas y Junqueras más que los otros dos juntos. En el caso del líder secesionista, el dinero público de todos los catalanes fue empleado para atacar directamente a la mitad de ellos a través de la instauración revolucionaria de una república identitaria en la que, visto lo que ocurre ahora, iban a acabar en la miseria o protagonizando un éxodo en dirección a la otra ribera del Ebro. Esto es mucho más grave que cambiar el destino de una partida del presupuesto municipal para pagar nóminas atrasadas, por utilizar el ejemplo ridículo que ha empezado a utilizar el Gobierno para tapar sus fechorías. Las penas por malversación sin enriquecimiento propio han de ser agravadas; no reducidas como pretende el sanchismo, porque un golfo que roba para él es mucho menos dañino para los contribuyentes que uno que roba para lo que diga su partido, ya sea financiar expedientes de regulación de empleo ficticios o republiquetas racistas de ocho segundos de duración.
Pero con el Gobierno socialpodemita solo existen los delitos inventados por la izquierda desmadrada. El resto son cuestiones relativas que se pueden despenalizar siempre que convenga al interés del Gobierno. Con Sánchez estamos llegando a un punto en el que delitos tipificados en los códigos penales del mundo civilizado, como la malversación, serán considerados en algunos casos como un mérito ciudadano. De la malversación a la bienversación. Al final tendremos que indemnizar a Junqueras y a Griñán hacerlo consejero de Estado.