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EDITORIAL

Propaganda para colar otra reforma del Código Penal en favor de ERC

Sánchez trata de convencernos de que el desvío de caudales para desestabilizar el ordenamiento constitucional no es ni malversación ni corrupción.

El entreguismo del gobierno socialcomunista a sus socios golpistas catalanes llega ciertamente a tal extremo que hasta el expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ha llegado a afirmar que si los socios del Gobierno "deciden atracar un banco, Sánchez quitaría los atracos del Código Penal". Y, ciertamente, a la vista de cómo el Ejecutivo de Sánchez ha llegado a la nauseabunda felonía de derogar el delito de sedición del Código Penal o como se dispone ahora a modificar el delito de la malversación para que el desvío de fondos públicos destinados a procesos y consultas ilegales como los promovidos por los separatistas deje de ser castigado como tal, podríamos decir que a los socios del gobierno no le hará falta atracar ningún banco para financiar su persistente e ilegal intentona de acabar con la unidad de España y su ordenamiento constitucional, pues podrán echar mano impunemente del dinero del contribuyente.

Aun así, el gobierno de Sánchez va a tener difícil colocar ante la opinión pública esta última reforma ad hoc del Código Penal para satisfacer a sus socios separatistas, teniendo presente que, a diferencia de la sedición, el delito de malversación lo pueden perpetrar también otras personas corruptas, ajenas a cualquier proyecto secesionista, bien para enriquecerse a titulo personal o para financiar a de forma indebida a sus partidos políticos. De ahí la necesidad que va a tener el gobierno de activar la propaganda para colar la colosal mentira de que su reforma no va a implicar una menor sanción penal "a los corruptos", como si el desvío de caudales públicos para desestabilizar o tratar de menoscabar el ordenamiento constitucional no fuera un acto colosal de corrupción económica con absoluta independencia de que ese desvío de fondos no sea destinado a satisfacer el lucro personal del que lo perpetra o de terceros. En ese sentido, no es de extrañar en absoluto el llamamiento de Sánchez para que su partido haga "pedagogía política" —léase propaganda— para convencer a la ciudadanía que esta reforma no va a beneficiar en ningún caso la corrupción en beneficio propio o de terceros, en la que pueden incurrir políticos de todos los partidos.

La ministra de Defensa y desacredita jurista Margarita Robles, ya se ha puesto manos a la obra en esta campaña de desinformación y propaganda, que Sanchez tilda de "pedagogía", con declaraciones en las que vuelve a diferenciar entre la malversación destinada al enriquecimiento personal y de terceros de la que busca financiar proyectos políticos ilegales como el procés. En este sentido, Robles, sencillamente, miente al insinuar que esta última utilización indebida de los fondos públicos fue introducida como delito de malversación en la reforma del CP de 2015, auspiciada por el PP, cuando lo cierto es que aquella reforma lo único que hizo fue endurecer las penas de malversación con ánimo de lucro personal, dejando como estaba la sanción penal que antes de la reforma ya castigaba como delito de malversación la financiación de las intentonas separatistas y las consultas ilegales como las perpetradas en Cataluña en 2014 y 2017. Prueba de ello es que en 2014 la Fiscalia General del Estado a cargo de Eduardo Torres-Dulce instó cargos contra Artur Mas por delitos, entre otros, de malversación. Si finalmente no se juzgó a Mas por este delito no fue por ningún vacío legal sino debido al bochornoso hecho de que, tras la dimisión de Torres-Dulce, la fiscalía retiró todos los cargos penados con cárcel (entre ellos el de malversación) contra los cabecillas del 9-N para entorpecer la repugnante vá de negociación del gobierno de Rajoy que se conocería, poco después, como "operación diálogo". Dicho de otra forma: si a los promotores del 9N del 2014, a diferencia de los promotores del 1-0 de 2017, no se les juzgó por delito de malversación de caudales públicos, no se debió a ninguna reforma del CP en 2015, sino al bochornoso hecho de que nadie lo solicitó. Y un Tribunal no puede condenar sin incurrir en incongruencia extra petita a alguien por algo de lo que no ha sido acusado.

Con todo, aún es más grosera la afirmación de Robles de que "el Codigo Penal no está para resolver problemas políticos". Y lo dice ella, que ve bien que el gobierno modifique el Código Penal para resolver el problema político que tendría su Gobierno si no contase con el apoyo de las formaciones separatistas. Aún así, tiene razón Robles: el Código Penal no está para resolver problemas políticos sino para castigar delitos que no dejan de serlo por el hecho de que los perpetren políticos persiguiendo finalidades políticas. Y es que un Estado de Derecho los políticos no pueden estar por encima de la ley ni la impunidad puede ser ofrecida a cambio del respaldo político. Sin embargo, en eso están y van a seguir estando Sánchez, Robles y todo el Gobierno socialcomunista.

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