La presentación del candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona propició ayer la presencia de Pedro Sánchez en Cataluña, ocasión que el presidente del Gobierno ha aprovechado para reforzar de manera indeleble su compromiso político con los golpistas de ERC.
Sánchez confirmó que las últimas iniciativas parlamentarias de su Gobierno para modificar arteramente el Código Penal y poner a sus peones de confianza en el Tribunal Constitucional no son maniobras improvisadas para hacer frente a las circunstancias políticas del momento, sino parte de un plan perfectamente orquestado para desactivar definitivamente los controles institucionales establecidos en nuestra Constitución.
Las palabras de Sánchez a los socialistas catalanes, en efecto, son la prueba fehaciente de que el PSOE trabaja para desactivar los resortes del Estado de Derecho que garantizan la vigencia de la Constitución Española en todo el territorio nacional. Tan es así que Sánchez utiliza ya hasta los mismos giros retóricos empleados por el independentismo para disfrazar sus delitos. Así, el presidente socialista habla de la necesaria "desjudicialización" del proceso separatista, porque "las disputas se resuelven en el terreno de la política y no en el de los juzgados". Pero lo que hace Sánchez con ayuda de sus socios golpistas es justo lo contrario, utilizar la Justicia con fines políticos para mantenerse en el poder. Es lo que sucede con la modificación del delito de malversación, que permitirá a los golpistas como Junqueras eludir a tiempo sus condenas para presentarse a las próximas elecciones autonómicas a cambio de que ERC vote a favor de los presupuestos generales de 2023.
Sánchez se aplaudió a sí mismo por negociar con los delincuentes separatistas la modificación fraudulenta del Código Penal, aludiendo a la necesidad de adoptar medidas con el fin de "rescatar a Cataluña del conflicto y devolverla a la convivencia". Estas últimas "decisiones arriesgadas" de Sánchez son derogar el delito de sedición, rebajar las penas del delito de malversación con una distinción absurda entre el lucro personal y el uso para cualquier otro fin, el cambio de las normas para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que implican la posibilidad de remodelar el TC por mayoría simple y sin quórum o la eliminación del trámite de informe por el propio TC sobre la idoneidad de los candidatos propuestos, sin descartar la amenaza de incurrir en responsabilidades penales a los vocales del CGPJ que no acepten la imposición de los candidatos.
Es evidente que no se trata de un par de decisiones impopulares destinadas a salvar una determinada coyuntura temporal. Estamos, como Sánchez demostró ayer en Barcelona, ante un programa político negociado con los partidos secesionistas para eliminar los controles del Poder Judicial y situar al Gobierno al margen de los equilibrios institucionales que caracterizan a un sistema democrático.
Sánchez destruyó ayer todos los puentes no ya con su partido, que permanece silente, sino con la sociedad española en su conjunto, que asiste anonadada a esta deriva golpista del Gobierno y al hundimiento moral de todo el PSOE, convertido por Sánchez en el felpudo de los delincuentes separatistas a los que implora su apoyo para seguir en el poder.