María Jesús Montero compareció este lunes en la comisión del Senado que investiga la gestión de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), el organismo estatal responsable de los polémicos rescates de empresas en crisis por los que la trama de Ábalos, Cerdán y Koldo García se habría repartido, presuntamente, importantes comisiones ilegales.
Nada más coherente que el hecho de que la exministra de Hacienda, última responsable de la sociedad estatal investigada, comparezca en una comisión parlamentaria para explicar las presuntas irregularidades cometidas por la dirección del organismo, pero la número dos del Gobierno de Sánchez prefirió eludir sus responsabilidades, presentándose como víctima de un proceso inquisitorial para dañar sus posibilidades en las elecciones andaluzas, donde parte como candidata del PSOE.
Sin embargo, los casos de corrupción más graves del entorno de Sánchez no se hubieran producido sin la participación de la SEPI, que movilizó enormes sumas de dinero público durante la pandemia para ayudar a determinadas empresas muy bien relacionadas con el entorno del PSOE. El seguimiento del dinero desviado en forma de comisiones y, sobre todo, la información que el conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, ha puesto en manos de los jueces, son indicios más que sólidos para justificar que Montero comparezca en una comisión de investigación. Sus reticencias a nombrar a directivos independientes y las dilaciones indebidas para colocar en la presidencia de la SEPI a una persona de su máxima confianza aumentan la gravedad de unas acusaciones que ya han llegado a la fase judicial.
Precisamente llegados a este punto, cuando la Justicia ha comenzado sus trabajos, aparece la Fiscalía General del Estado, puesta al servicio de los intereses del Gobierno para boicotear el desarrollo de los procesos que afectan al PSOE. En esta ocasión es obligado hacer una referencia directa a Teresa Peramato, la sustituta del condenado García Ortiz al frente del Ministerio Público, que estaría maniobrando para dejar sin efecto el acuerdo del fiscal Anticorrupción con el acusado Víctor de Aldama, el intermediario que está aportando información a los tribunales a cambio de reducir su futura condena según establece el Código Penal.
El victimismo de María Jesús Montero es un pretexto electoralista que nada tiene que ver con la obligación de explicar en sede parlamentaria su papel en los casos más graves de corrupción del sanchismo. Su caso es similar al de Teresa Peramato, que hoy mismo debería aclarar también sus maniobras para dinamitar los procesos judiciales que apuntan directamente al entorno político más estrecho de Sánchez.
No se trata de ninguna persecución política, sino de dar las explicaciones debidas y permitir que la Justicia actúe de manera independiente, sin las injerencias a que el sanchismo nos tiene acostumbrados.