El Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo pública esta pasada semana la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre del año. Además de constatar que los primeros meses de 2026 no han sido buenos para el empleo, la encuesta recoge otros datos preocupantes que dibujan un panorama muy distinto del que defiende el Gobierno a través de sus órganos de propaganda.
En cuanto a la situación general de nuestro mercado laboral, la economía española terminó el primer trimestre con 170.300 empleos menos y la friolera de 231.500 parados más, unas cifras desconocidas en los últimos años, en los que el paro se ha ido reduciendo de manera constante. Pero, como decíamos al principio, más allá de constatar este repunte del paro, lo que resulta de especial interés es el comportamiento de los distintos tipos de empleo, que nos muestran una economía cada vez más dependiente del sector público y, en consecuencia, con un peso menor del emprendimiento privado.
En concreto, los empleados al servicio de las distintas Administraciones Públicas superan los 3,66 millones en la actualidad, la cifra más alta de nuestra historia, tras sumar veinte mil nuevos funcionarios en los primeros tres meses del año. En términos comparativos, España tiene medio millón más de nóminas públicas de las que había cuando Pedro Sánchez llegó al poder, lo que indica cuál ha sido la prioridad del Ejecutivo a la hora de diseñar sus planes de empleo.
Y frente a esta dinámica expansiva del empleo público, el trabajo por cuenta propia sigue perdiendo peso en nuestra economía tras sumar otro trimestre negativo con un descenso de 70.000 autónomos, lo que sitúa el total en cifras similares a las que recogió Sánchez cuando accedió a La Moncloa.
El aumento del número de funcionarios tiene un efecto directo en la economía productiva, que ha de redoblar sus esfuerzos para sufragar los gastos de un sector público cada vez más sobredimensionado. Pero la creación de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas y sus incontables organismos autónomos, observatorios y demás chiringuitos tiene dos efectos de gran interés para los gobiernos, especialmente si son de izquierdas. Por un lado, sirve para maquillar groseramente las cifras de creación de empleo y, por otro, es un caladero importante de votos para los políticos que ejercen el poder, especialmente si una parte de los nuevos funcionarios acceden a una nómina pública con la discrecionalidad y falta de rigor que caracteriza a los socialistas cuando llegan al cargo.
Una economía sana requiere del nacimiento constante de proyectos empresariales que produzcan riqueza y fomenten el empleo, para lo cual es imprescindible contar con un sector público limitado, que consuma una parte reducida de esa riqueza generada por empresarios y autónomos. El Ejecutivo socialcomunista ha invertido esa pirámide y convertido la Administración Pública en un enorme paquidermo que lastra el crecimiento saludable del PIB y desincentiva con incesantes regulaciones y subidas de impuestos a los emprendedores españoles, los únicos que pueden hacer crecer realmente la riqueza de toda la sociedad.