La ofensiva legislativa del Gobierno para acabar con los equilibrios democráticos está siendo tan acelerada que muchos dudan de que pueda llegar a buen fin, al menos en esta legislatura. El castigo al Gobierno en todas las encuestas y el rechazo mayoritario a sus iniciativas para exonerar a los golpistas catalanes de sus responsabilidades y poner la Justicia a sus pies es otro argumento para los que sostienen que Sánchez está viviendo sus últimos días en el poder. Esa parece ser también la tesis sobre la que Núñez Feijóo asienta toda su estrategia, convencido de que el mero transcurso del tiempo y los resultados de las siguientes elecciones le serán lo suficientemente favorables como para gobernar, quien sabe si en solitario. Por desgracia para el presidente popular, Sánchez está muy vivo políticamente y más dispuesto que nunca a llevar adelante sus planes para desarbolar nuestro sistema constitucional desde dentro.
A diferencia de Zapatero, Sánchez no teme a las consecuencias de la crisis económica actual, que está empobreciendo a las familias a un ritmo nunca visto en las últimas décadas. Mientras Bruselas siga inyectando fondos al ritmo establecido, Sánchez va a mantener su política de gasto desaforado para ampliar las redes de subsidios estatales y garantizarse una bolsa de votos que, como la de los pensionistas y otros dependientes de las ayudas públicas, pueden decidir unas elecciones.
Por otra parte, la respuesta del PP a las últimas maniobras gubernamentales para alterar unilateralmente el Código Penal y hacerse con el control del Tribunal Constitucional no es en absoluto coherente con la dureza de las acusaciones que lanza el partido de Núñez Feijóo contra Sánchez, perfectamente justificadas, por otra parte.
En efecto, tal y como sostienen los populares, Pedro Sánchez está poniendo en riesgo a la democracia española con sus recientes decisiones en connivencia con la ultraizquierda y el separatismo, lo que lo convierte de hecho en un gobernante irrestricto con aspiraciones dictatoriales. Pero si esto es así (y lo es), se trata de una situación excepcional que, en consecuencia, requiere de la oposición la adopción de medidas también excepcionales.
Desde esa perspectiva, es evidente que la petición de elecciones anticipadas por parte de Núñez Feijóo resulta claramente insuficiente, sobre todo estando como estamos a un año escaso del fin de legislatura. Precisamente la recta final del presente mandato es un argumento excelente para justificar otro tipo de decisiones como la presentación de una moción de censura, cuyo resultado arítmetico no es determinante a pocos meses de que finalice la legislatura y se disuelvan las Cortes pero que serviría de aglutinante de las fuerzas de la derecha en la denuncia de las tropelías del sanchismo, con todo lo que esa imagen podría representar de cara a los electores en momentos tan cruciales.
Las posibilidades de respuesta son variadas, pero lo que no puede admitirse es sostener que estamos ante una situación excepcional y actuar como si las acciones del Gobierno estuvieran dentro de la normalidad. Sin embargo ese es el camino elegido por Feijóo, una estrategia roma que desincentiva la respuesta social al sanchismo y descorazona a un electorado que asiste, atónito y preocupado, a las acciones de un gobernante postrado voluntariamente a los pies del separatismo y la ultraizquierda.