El Gobierno socialcomunista ha desencadenado una crisis institucional sin precedentes con su utilización de artimañas parlamentarias fraudulentas para eludir todos los controles democráticos e imponer sus designios de manera dictatorial. La votación de urgencia de una proposición de ley pactada con los aliados separatistas y comunistas para modificar aspectos clave de leyes orgánicas como la del Poder Judicial y la que aprueba el Código Penal es un escándalo inaceptable que el Tribunal Constitucional debería corregir hoy en la vista del recurso presentado por los diputados del PP.
Pero Sánchez va más allá y presume de esta operación revolucionaria orquestada desde el poder, señalando a las instituciones que no se someten a su dictado como enemigos de la democracia. La democracia, huelga decirlo, son él y sus aliados comunistas, proetarras y separatistas.
No se trata de denuncias veladas sino de acusaciones concretas, como si en vez de primer ministro de un país europeo, Sánchez fuera un espadón bolivariano tratando de perpetuarse en el poder. Porque no hay precedentes en la UE de que un primer ministro acuse a jueces, partidos de la oposición y medios de comunicación contrarios a su política de tratar de dar un golpe de Estado, como hizo Sánchez este pasado viernes desde Bruselas. El portavoz socialista en la comisión de Justicia, Felipe Sicilia, policía para más señas y vergüenza del cuerpo, llegó incluso a comparar a los diputados contrarios a la reforma tramposa perpetrada por Sánchez y Junqueras con la intentona golpista de Tejero, una acusación históricamente risible y políticamente vomitiva. El aplauso de la bancada del PSOE, de cuya Ejecutiva es portavoz este diputado impresentable, demuestra hasta qué extremos de indignidad ha llegado el socialismo español de la mano de Sánchez.
Pero la responsabilidad es de todo el PSOE, un partido que siempre ha estado en el origen de las más graves crisis de la Nación española, cuyos dirigentes y afiliados guardan un repugnante silencio culpable ante el atentado permanente a la democracia perpetrado por Sánchez y sus conmilitones.
Porque de nada vale que barones como Emiliano García-Page o Javier Lambán deslicen periódicamente alguna crítica sobre la deriva totalitaria de su presidente y secretario general. A la hora de la verdad, ambos actúan como unos lacayos más del sanchismo, temerosos de perder su hegemonía en las franquicias locales de su partido. Si su preocupación fuera sincera y su compromiso con la democracia y la Nación fruto de la lealtad habrían ordenado a los diputados de sus comunidades autónomas votar en contra del golpe parlamentario sustanciado el pasado jueves en la votación de la propuesta de ERC. Pero tanto los 19 diputados castellano manchegos como los 13 aragoneses validaron con su voto la reforma fraudulenta pactada por Sánchez y Junqueras para beneficiar a los delincuentes secesionistas, una vergüenza que debería perseguir a estos 32 diputados lo que les quede de vida política.
No hay esperanza en el PSOE. Ni en éste, como suelen decir los populares, ni en ningún otro, de haber algún PSOE distinto. El socialismo español ha sido, desde su origen, el principal factor de desestabilización institucional de España, por eso yerra gravemente Núñez Feijóo cuando finge creer que con otro PSOE puede alcanzarse algún consenso sobre los valores esenciales de nuestra Constitución. La única solución posible, a estas alturas, es sacar a Sánchez del poder a través de las urnas y obligar a los socialistas a una refundación profunda que los aleje definitivamente de las corrientes dictatoriales bananeras, tan caras a sus socios podemitas, para convertirse definitivamente en una formación socialdemócrata homologable a sus pares de la UE.