El Partido Popular —tal y como ya aplaudimos el pasado miércoles— ha hecho muy bien al presentar, aprisa y corriendo, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que ha permitido frenar de forma cautelarísima la tramitación parlamentaria de la inconstitucional reforma —en la forma y en el fondo— de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional a través de enmiendas a otra ley con la que nada tiene que ver cómo es la que trata, al dictado de sus socios secesionistas, de suprimir el delito de sedición y abaratar la pena por malversación del Código Penal.
Ahora bien: una cosa es elogiar esa iniciativa que ha permitido al Órgano de Garantías parar este lunes el golpe y otra cosa muy distinta que el Partido Popular, en general, y su líder Alberto Nuñez Feijóo, muy en particular, estén denunciando, ante la opinión pública y ante la propia Unión Europea, con la gravedad y el énfasis necesarios, el "ataque frontal al TC y al Estado de derecho" que está perpetrando el gobierno socialcomunista de Sánchez, tal y como, sin tibieza alguna, denuncia en un artículo de imprescindible lectura el que fuera magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del gobierno de Zapatero, Manuel Aragón.
Y es que, aunque este martes Nuñez Feijóo se haya molestado en convocar una rueda de prensa para comentar el favorable dictamen del TC al recurso de amparo planteado por su partido, no ha explotado en modo alguno el pronunciamiento de la propia Comisión Europea favorable a dicho dictamen de nuestro Tribunal Constitucional. La falta de pedagogía y de contundencia en la denuncia por parte del líder de la oposición está permitiendo al gobierno inocular ante la opinión pública el orwelliano relato según el cual no es el Ejecutivo socialcomunista el que está perpetrando un golpe al ordenamiento constitucional y a la democracia liberal sino que es el principal partido de la oposición el que está llevando a cabo el golpe de Estado.
Y es que, al igual que pasara con los numerosos y silenciados dictámenes de la Comisión Europea que reiteradamente exigen que, al menos, la mitad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los propios jueces y magistrados, la pasividad del PP a la hora de denunciar el bloqueo socialista a la renovación del CGPJ por su empecinamiento en que sea el poder legislativo el que siga nombrado la totalidad de los vocales ha permitido imponer ya a propios y extraños su artero y dominante relato de que es el PP el que bloquea la renovación del órgano gobierno de los jueces.
A este respecto, y en referencia a lo pronunciado por Feijóo este lunes, la indeseable y bochornosa reforma —que sigue su curso— por la que se va a erradicar el delito de sedición y abaratar el delito de malversación no es excusa para que el líder del PP siga sin denunciar el bloqueo del PSOE a la renovación del CGPJ por su empecinamiento en que siga siendo el Poder Legislativo el que nombre todos sus vocales. Y viceversa: una hipotética y nada probable retirada por parte del PSOE de sus pretensiones de erradicar el delito de sedición y malversación no sería excusa para que Feijóo volviera a caer en la tentación de llegar a un acuerdo con el PSOE para que el poder legislativo siga nombrando la totalidad de los vocales del CGPJ.
Finalmente, la insensata e irresponsable renuencia de Feijóo a convocar manifestaciones en la calle o a presentar una moción de censura —hoy más necesaria que ayer— para poner de relieve la extrema gravedad —sí, extrema— de lo que está sucediendo y para favorecer un vuelco electoral en las próximas elecciones es aun más criticable hoy por cuanto dicha censura también serviría para que el parlamento se ocupara, no en aprobar nuevos intentos legislativos para burlar nuestra Ley de leyes y el reciente dictamen del Tribunal Constitucional, sino para denunciar y explicar a los ciudadanos lo que el gobierno socialcomunista, con nocturnidad y entre festivos, ha tratado de perpetrar.
Porque, que a nadie le quepa duda: el Gobierno socialcomunista habrá perdido este lunes una importante batalla a la hora de cercenar todo vestigio de independencia en el Tribunal Constitucional y en el Poder Judicial. Pero, desde luego, no da por perdida su guerra contra lo que todavía queda de España como Estado de derecho y de democracia liberal, donde la ley pone limites al poder de las mayorías transitorias para salvaguarda de los derechos de las minorías y de los derechos individuales.