Nunca antes, desde la transición política, España había vivido una situación tan grave como la que atraviesa en el momento actual. Que el Gobierno de la Nación sea quien impulse y lidere el proceso de destrucción del régimen constitucional que los españoles nos dotamos en 1978 es lo que distingue y añade ese punto de gravedad a otras situaciones delicadas vividas en estos últimos cuarenta y cinco años.
España ha sufrido en este periodo dos intentos de golpe de Estado: el del 23-F de 1981 con Tejero como punta de lanza de otros militares golpistas y el del 4 de octubre de 2017 con los políticos independentistas de ERC y Juntos por Cataluña como actores principales. En ambos casos, los instrumentos del Estado de Derecho actuaron y la democracia siguió adelante.
Junto a estos dos golpes, España sufrió durante muchos años el zarpazo del terrorismo de ETA cuyo objetivo era la ruptura de nuestro País. La banda terrorista golpeó con fuerza a muchos colectivos: militares, guardias civiles, policías nacionales, políticos de UCD, AP, PP, UPN, PSOE, jueces, empresarios, periodistas y ciudadanos de a pie. Tampoco ETA consiguió acabar con nuestra democracia, y fue derrotada en el terreno policial, aunque no en el político, donde sus herederos son hoy uno de los socios preferentes de Sánchez.
Ninguna de esas situaciones es comparable a la actual. Hoy, este gobierno Frankenstein -buena aportación del difunto Rubalcaba- con el peor presidente del Gobierno que ha tenido España a la cabeza, ha cometido auténticos atropellos a nuestro sistema constitucional: ha derogado el delito de sedición, con lo que ha desprovisto a nuestro Estado de Derecho de un instrumento fundamental para combatir a quienes en un futuro intenten atacar la unidad de la Nación que la Constitución establece.
Han rebajado el delito de malversación, con el único objetivo, al igual que en el caso de la sedición, de satisfacer a sus socios golpistas/independentistas de ERC. Han sacado adelante una ley mal llamada de "memoria democrática" pactada, entre otros, con Bildu, los herederos políticos de quienes durante tantos años intentaron acabar con España matando a 857 compatriotas. Han hecho todo lo posible e imposible por controlar el poder judicial y el Tribunal Constitucional, nombrando como vocales de este último, en un acto repudiable, a quien fuera ministro de Justicia hasta hace año y medio y a un alto cargo de la Presidencia del Gobierno.
En el terreno de lo que podría denominarse ingeniería social, han aprobado una ley del aborto que supone barra libre para desproteger la vida del no nacido; han sacado una muy polémica ley de eutanasia; han aprobado una ley del "solo si es si" que ha provocado la rebaja de penas en unos casos y la puesta en libertad en otros, de más de un centenar de violadores. Y hace dos semanas se aprobó la ley trans, que permite cambiar de sexo a menores, sin el permiso paterno ni la autorización de un juez. Un conjunto de leyes que atentan contra derechos fundamentales, como el derecho a la vida en el caso del aborto y la eutanasia o las propias leyes de la biología, en el caso de la ley trans.
Por todo este conjunto de razones es urgente y necesario un cambio de gobierno en España. Nuestro país necesita alguien al frente que recupere la dignidad perdida, el respeto a las Instituciones, la separación de poderes, la libertad de los ciudadanos. Un Gobierno que no sea tan sectario ideológicamente como el actual -con Zapatero empezó todo- que gobierne para todos, no sólo para quienes le votan.
Será este 2023 que acaba de comenzar donde los ciudadanos podrán llevar a cabo con su voto ese cambio necesario. Primero en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y posteriormente -si Sánchez agota la legislatura- en las generales de fin de año.
Las encuestas a día de hoy, dicen lo que dicen: que ese cambio es posible y que la suma de PP y VOX haría factible un gobierno del centro-derecha. Conociendo a Sánchez, harían bien los dirigentes de los dos partidos que pueden propiciar ese cambio, en no confiarse, en aplicarse con esfuerzo y constancia en estos meses para convencer a una mayoría de ciudadanos que es muy importante parar en las urnas la deriva del actual gobierno. Está en juego algo esencial: nada más y nada menos que el futuro de España como Nación. En este año los ciudadanos tendrán la palabra.