Las investigaciones judiciales en torno a la empresa pública Acuamed acorralan no solo a los socialistas valencianos, que habrían estado financiándose ilegalmente durante más de una década con contratos amañados, sino a todo el PSOE por las evidentes vinculaciones nacionales de un caso de corrupción similar a la trama Gürtel del PP.
En primer lugar, el foco de la presunta actividad delictiva que se está destapando en estos momentos se sitúa en Acuamed, que no es una entidad privada como podría desprenderse de las tímidas informaciones ofrecidas por la mayoría de los medios de comunicación, sino una empresa pública con capital íntegramente estatal y dependiente directamente del ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera.
Sobre el carácter nacional de un caso de corrupción como el de la presunta financiación ilegal del PSPV-PSOE, baste recordar que la responsable del ministerio del que dependía Acuamed cuando la trama corrupta perpetraba sus chanchullos no era otra que Cristina Narbona, a la sazón presidenta del PSOE y actual vicepresidenta del Senado. Durante su mandato al frente del ministerio de Medio Ambiente, el extesorero del PSOE valenciano, José María Cataluña, habría diseñado un plan para amañar contratos públicos suscritos por Acuamed a beneficio de determinadas empresas, que se adjudicaban importantes obras públicas a cambio de una mordida para el PSOE de Valencia.
Según la documentación incautada por la Guardia Civil, las empresas que se quedaban con la obra pública licitada por Acuamed pagaban posteriormente los gastos de campañas electorales del PSOE en Valencia por importes que llegaban al 5% del presupuesto de los contratos adjudicados, dos puntos por encima de los sobornos que exigían los nacionalistas catalanes en casos similares como es bien conocido.
Pero el caso Acuamed es tan solo una pieza separada del llamado caso Azud, que investiga la percepción de comisiones ilegales por la tramitación de expedientes urbanísticos, cuya instrucción permanece todavía bajo secreto de sumario y cuya actividad delictiva podría haber estado desarrollándose con éxito hasta 2019.
El silencio de Sánchez solo es equiparable al de Ximo Puig, principal interpelado en este asunto de financiación ilegal de su partido estando ya él al frente de su secretaría general. No debe sorprender la facundia con la que ambos afrontan su responsabilidad en uno de los casos de corrupción más importantes de los últimos años, puesto que la gran mayoría de medios de comunicación, algunos de los cuales pusieron el grito en el cielo por el presunto regalo de unos trajes al antecesor de Puig en la Generalidad, siguen mirando para otro sitio con total naturalidad.
La desvergüenza de este caso concreto de corrupción tiene una vertiente doblemente ofensiva y dolorosa, puesto que Acuamed es la empresa pública de la que depende el agua desalada que los regantes del Levante se ven obligados a comprar los ataques de los socialistas al Trasvase Tajo-Segura. Recientemente, esta empresa estatal ha triplicado prácticamente el precio del metro cúbico de agua desalada, una subida de las tarifas estratosférica que los regantes se verán obligados a pagar, conscientes de que una parte de ese dinero iba para el mismo PSOE que trata de acabar con el trasvase, la infraestructura que ha permitido, hasta ahora, la supervivencia de sus cultivos.