Trascurrido poco más de tres meses desde su entrada en vigor, la aplicación de la nefasta "Ley Montero", más conocida como "Ley del sólo sí es sí", ya ha provocado más de 140 rebajas de condenas y la excarcelación de 17 agresores sexuales. Teniendo presente la tasa de reincidencia de este tipo de delito —menor que lo que a veces se cree pero superior al 20%— todos nos podemos hacer cargo, no sólo de la desazón de sus víctimas por la rebaja del castigo del delito ya cometido, sino también de su temor a ser nuevamente víctimas de sus verdugos excarcelados. Tal es el caso de Rosa (nombre ficticio), que ha decidido huir de Zamora tras la excarcelación de su exmarido que la violó. En su caso, su justificado temor a volver a ser víctima de su agresor no se basa simplemente en una estadística de reincidencia sino en las amenazas que, según ella misma ha denunciado, le hizo llegar: "En cuanto salga, te voy a serrar el cuello".
A pesar de la gravedad del caso, la ministra de Igual da, Irene Montero, no se ha pronunciado en sus redes sociales, como acostumbra a hacer con aquellos temas que considera de relevancia. Tampoco lo ha hecho su número dos, Ángela Rodríguez Pam, la misma que hace tan solo unos días bromeaba con la excarcelación de violadores. Peor y más insultante ha sido el desprecio que le ha brindado a la noticia el portavoz nacional de Podemos y diputado en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández. Eso, sin olvidar la bochornosa y persistente negativa del gobierno, en general, y del Ministerio de Igual da, muy en particular, a hacer público y oficial el número de rebajas de condena provocadas por su infausta ley, del que ahora sólo se tiene conocimiento a través de los juzgados y que ya podrían alcanzar los 200 casos.
Lo único que ha decidido este martes desvelar la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, es que el pasado diciembre dio una instrucción para atender en 24 horas a las mujeres que pidan dispositivos telemáticos de control de sus agresores cuando estos vean recortada su pena de prisión en aplicación de la nefasta Ley Montero.
No vamos a criticar, naturalmente, que se otorgue a las mujeres —siempre que sea acorde a derecho— la posibilidad de solicitar pulseras de vigilancia de sus agresores y que las obtengan en un plazo menor de 24 horas. Pero el riego de reincidencia que ha agravado este bodrio jurídico del "solo sí es sí" no se soluciona con pulseras telemáticas sino con reformas legislativas que restablezcan la distinción entre abuso y agresión sexual y endurezcan las penas para que cumplan, con proporcionalidad, su función no sólo aflictiva sino también disuasoria.
Lo demás es mentir y desviar la atención sobre lo que de verdad constituye un riesgo para la libertad de las mujeres.