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Pablo Planas

Dani Alves y los chivos expiatorios

Un futbolista comete una presunta violación y ya todos somos futbolistas ricos y famosos, personajes poderosos. Quién lo diría.

Un futbolista comete una presunta violación y ya todos somos futbolistas ricos y famosos, personajes poderosos. Quién lo diría.
Dani Alves, en sala de prensa del Parque de los Príncipes. | EFE

El futbolista brasileño Dani Alves ya ha sido juzgado y condenado. Las primeras noticias sobre el caso aludían a unos "tocamientos" en una discoteca. De ahí se pasó a una violación en toda regla con notables dosis de sadismo y violencia en el acceso carnal, con penetración oral y vaginal y eyaculación. La ausencia de detalles en los titulares y crónicas de inicio contrasta con la profusión de pormenores y mayores tras la detención y encarcelamiento del jugador, que se habría conducido a tenor de dichas informaciones como un auténtico monstruo con los agravantes de ser rico, famoso y prepotente.

Dado el contexto mediático, se ha producido un aplauso mayúsculo a la decisión de la juez que ha decidido decretar la prisión de Alves por riesgo de fuga. Es indudable que el acusado goza de una posición económica con la que podría costear sin dificultad alguna la elusión de la justicia. Lo que no es cierto, como se ha publicado y dicho en los medios, es que no existan tratados de extradición entre España y México, donde el futbolista jugaba en la actualidad, o entre España y Brasil, su país de origen.

Basta con una simple búsqueda en Google para advertir que en 1980 se ratificó en el Boletín Oficial del Estado un "Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, firmado en México, D. F., el 21 de noviembre de 1978". De igual manera que en junio de 1990 se publicó en el mismo boletín el "Instrumento de Ratificación del Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República Federativa del Brasil, hecho en Brasilia el 2 de febrero de 1988".

El caso ha causado una notable alarma social, pero esa situación ya no rige como fundamento para decretar una prisión provisional sin fianza. No rige en términos legales, pero sí en los mediáticos. De modo que una gran parte de la opinión pública respira aliviada porque un violador (en teoría presunto) ha ingresado en prisión. De hecho, Alves ya conoce dos prisiones catalanas, bajo jurisdicción de la Generalidad, la de preventivos de Brians 1 y la de condenados de Brians 2, a la que fue trasladado al día siguiente de su primera noche en la cárcel porque las autoridades autonómicas consideran que la segunda, más nueva y con duchas individuales, garantiza de manera más eficiente la convivencia en la trena. ¿Trato de favor? Pudiera ser, aunque también podría ser lo contrario.

Más detalles. El acusado se habría contradicho a preguntas de la juez, de su abogada y de la abogada de la denunciante, según la versión generalizada. En cambio y según esa misma versión generalizada, el testimonio de la víctima habría sido consistente, coherente y continuado, sin contradicción alguna. A eso habría que añadir las pruebas, los restos biológicos, los análisis forenses, las pesquisas policiales y lo que se ha contado en los medios. Claro que en algunos medios, si ayer fue martes, Alves y su víctima sólo permanecieron un minuto en el lavabo del reservado de las discoteca. Pero si hoy es jueves, las cámaras de seguridad vendrían a demostrar según los mismos medios que propagaron la especie del minuto escaso que el infierno de la joven de 23 años en el cubículo con una taza y un lavamanos duró más de quince minutos.

Hay más. La "prueba" definitiva es que la víctima habría renunciado a una más que merecida indemnización económica para que nadie dude de que su intención es que se haga justicia, nada más y nada menos. Claro que el actual no es el momento procesal para renunciar a nada. Primero habrá que procesar a Alves y fijar la responsabilidad civil. Puede que la víctima haya declarado que no quiere dinero, pero sólo las partes tienen acceso a ese dato, que en materia judicial es absolutamente irrelevante. Si Alves es culpable, tendrá que indemnizar a su víctima. Lo contrario sería una aberración.

Y aún más. La ministra de Igualdad, Irene Montero, emitió un mensaje en Twitter tras el encarcelamiento del futbolista con el siguiente texto: "Sea quien sea el presunto agresor, la Ley "solo sí es sí" protege a todas las mujeres. Asesoramiento jurídico y asistencia psicológica pongan o no denuncia. También podéis llamar al 016. Las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia sexual cuentan con la protección del Estado". Impecable, salvo por el detalle de que la Ley "solo sí es sí" ha reducido las condenas de más de doscientos delincuentes sexuales y ha puesto en la calle a violadores y pederastas condenados en sede judicial, no mediática. Gran protección del Estado.

El gobierno autonómico catalán también ha condenado de antemano al futbolista. La portavoz de la Generalidad, Patrícia Plaja, decía este martes que con Alves "se ha demostrado que la impunidad con la que actúan personajes públicos con poder se ha terminado". Y añadía: "Sea quien sea el presunto agresor, la violencia sexual no quedará impune y eso es posible porque hay leyes que protegen a las víctimas". Además, subrayaba "el valor de esta y tantas víctimas que ya no callan, que son mujeres valientes que ya no callan. Queda mucho camino por recorrer pero ahora parece que el miedo está cambiando de bando".

¿Cambiando de bando? ¿Y qué bando es ese que ahora tiene miedo? ¿Los hombres? ¿Todos los hombres son violadores? Vaya, habrá que tomar nota. Un futbolista comete una presunta violación y ya todos somos futbolistas ricos y famosos, personajes poderosos. Quién lo diría.

El tema tiene más aristas, muchas más. La misma portavoz de la Generalidad elogió a la discoteca donde se habrían producido los hechos porque aplicaron un protocolo contra el acoso y las agresiones sexuales. El protocolo en cuestión consiste en avisar a los responsables de la sala, quienes deben llamar a la policía y atender a la víctima, así como preservar el escenario del crimen para la recopilación de huellas y rastros y colaborar con la justicia. Resulta verdaderamente singular que se tengan que establecer protocolos de esa índole en las discotecas. Hablamos de los principios elementales de la más leve humanidad ante una víctima.

La discoteca escenario del crimen presunto ha suscitado grandes elogios. Pero en los medios se cuenta que del mismo modo que un portero se interesó por la joven, un camarero del mismo local le insistió en que aceptara la invitación de Alves, que la quería invitar a una copa en un espacio reservado para los clientes preferentes. La sala está de enhorabuena. Es una discoteca bendecida por la Generalidad, a diferencia de esa otra donde una adolescente de 16 años le practicó una felación a un joven de 19 años en medio de la pista y que aún permanece abierta a pesar de que el ayuntamiento de ERC acusó a la Generalidad de ERC de no haber hecho caso de sus solicitudes para cancelar la licencia del local.

Puede que Alves, un futbolista famoso, sea culpable. Es seguro que la ley invocada por Irene Montero favorece a los Alves anónimos y a los no tan famosos pero más poderosos que abusan y empujan a la prostitución a las menores tuteladas por las administraciones públicas. ¿Dijo algo Irene Montero sobre el caso del marido de la exconsejera Oltra? ¿Hay algún mensaje suyo en Twitter sobre ese asunto?

Alves ha contratado a un abogado estrella de la cosa catalana, el señor Cristóbal Martell, letrado de los Pujol y la familia Messi, un fenómeno de la práctica penal, el crack de la abogacía catalana. Los medios "informados" dicen de él que es un titán en la especialidad de llegar a acuerdos extrajudiciales. Otra losa encima del preso, pero también sobre la víctima, que se enfrentaría a la posibilidad de una indemnización mucho más suculenta que la que se pueda decretar en aplicación del Código Penal. Si se demuestra la acusación, al futbolista le pueden caer entre cuatro y doce años de cárcel.

Este pasado martes, un bebé de mes y medio fue hallado en una calle de Barcelona metido en una bolsa de una tienda de ropa. La criatura está sana y salva. Un hombre alertó a una mujer que llamó a la policía. En el caso de que se detenga a quien o quienes dejaron a ese recién nacido en la puta calle en medio de una ola de frío se enfrentarían a una pena de entre dos y cuatro años de prisión. La ministra Montero y la señora Plaja no se han manifestado al respecto. Ese abandono está fuera de su caza de brujas y de la santa inquisición del Me Too. Y por cierto, todo esto no quiere decir que Alves sea inocente. Tampoco que sea culpable.

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