A nadie le debería sorprender que los magistrados del Supremo hayan dejado constancia de que, a partir de la reforma aprobada por el Ejecutivo socialista al dictado de sus aliados separatistas y por la que ha quedado derogado el delito de sedición, "la creación de un marco normativo de ruptura territorial que preparase la secesión de una parte del territorio del Estado, incluso acompañada de actos multitudinarios que condujeran a la inobservancia generalizada de las leyes y al incumplimiento de las decisiones gubernativas o jurisdiccionales que intentaran ponerle término, serían ajenas a la intervención del derecho penal".
Y es que, si con esta execrable reforma que, además de erradicar el delito de sedición, redujo la pena del delito de malversación, el gobierno socialista hubiera pretendido, aun con distintas tipificaciones delictivas, mantener o incluso endurecer las penas que castigan las intentonas golpistas como las perpetradas en 2014 y 2017, podríamos decir que los socialistas habrían hecho el más clamoroso de los "ridículos jurídicos" con esta reforma que, por el contrario y tal y como advierte el Tribunal Supremo, desarma a nuestro Estado de derecho ante ellas. Ahora bien: es público y notorio que lo que buscaba este gobierno felón y sus socios separatistas al impulsar esta nauseabunda reforma legislativa era, precisamente, la impunidad para un proceso de secesión como el que llevó a la fuga o a la cárcel a los dirigentes golpistas hasta que el Ejecutivo de Sánchez los indultó. Todo a cambio de que ERC le respaldase los Presupuestos, tal y como admitió públicamente Rufián.
Es por ello por lo que nos parece completamente errado e inapropiado que el supuesto líder de la oposición tilde de "ridículo jurídico" lo que, en realidad, ha sido, por parte del Gobierno, una exitosa fechoría y una felonía que ha conseguido, en gran medida, su objetivo de impunidad para el procés, tal y como lamentablemente ha constatado el Supremo. Otro tanto se podría decir del caso de Oriol Junqueras, quien, pese a la derogación del delito de sedición y la modificación del de malversación, seguirá condenado a inhabilitación para ostentar cargo público hasta el 2031 por el delito de desobediencia. Y es que una indecente pretensión no se convierte en ridícula por el hecho de que, por ahora, no haya sido alcanzada. Y decimos "por ahora" porque está por ver que el Tribunal Constitucional, en manos de los socialistas y presidido por Cándido Conde-Pumpido, no termine por ser correa de transmisión del Ejecutivo y termine por tumbar la sentencia del Supremo que ha confirmado la inhabilitación de Junqueras.
Lo ridículo es pensar que el desarme de nuestro Estado de Derecho ante los golpistas, lejos de ser deliberado, haya sido un efecto perverso y no buscado de una reforma legislativa de un gobierno, aun incompetente, bienintencionado al que ahora haya que ofrecer apoyo para reconducir un indeseable estado de cosas. Lo ridículo es que Feijóo brinde apoyo a Sánchez para "reponer en el código penal una garantía para la unidad de España" cuando erradicar esa garantía es precisamente lo que han buscado y conseguido el gobierno de Sánchez y sus socios. Y, desde luego, lo que, más que ridículo, ya resulta preocupante es que la secretaria general de su partido, Cuca Gamarra, afirme que "me siento más lejos de Vox que del PSOE, pero al PSOE no lo encuentro".
Y es que a este nivel de ridículo, al que no terminamos de encontrar es al PP de Feijóo.