El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el ariete de una feroz y masiva campaña de desprestigio y señalamiento del empresario Rafael del Pino, cuyo principal objetivo es tapar escándalos tan superlativos como el caso Tito Berni, la trama de diputados socialistas conchabados para cobrar comisiones a fin de desviar fondos públicos, entre ellos los procedentes de Europa, llamados Next Generation, hacia pequeños y medianos empresarios "paganos", gente desesperada y sometida a los manejos y chantajes de intermediarios y conseguidores de la cuadra socialista. Dicho caso, también conocido como "Mediador", es un compendio de las prácticas socialistas desde Roldán y mucho antes y hasta los ERE de Andalucía y en adelante.
Sánchez debería dar cumplidas explicaciones por el caso Tito Berni antes de dimitir y convocar elecciones. Convertir el Congreso de los Diputados en la antesala de un prostíbulo para celebrar los pelotazos socialistas con dinero público debería ser causa más que suficiente para precipitar los comicios y limpiar (aunque sea una tarea imposible) de corruptos, en todas las acepciones del término, las candidaturas del PSOE. Pulirse en vicios inconfesables el dinero que debería destinarse a la sanidad y la enseñanza no debería ser de recibo ni siquiera para un tipo de moral tan flexible como Pedro Sánchez.
El espectáculo de los diputados socialistas recurriendo a los servicios de prostitutas mientras peroran sobre los derechos de las mujeres y la prohibición de la prostitución concierne también a Unidas Podemos, cuya permanencia en el Gobierno de los diputados de cocainómanos y putañeros pagando el pueblo les apela directamente. ¿O acaso no se han erigido las ministras y los prebostes de la extrema izquierda en los guardianes de la moral sexual? ¿A qué esperan, pues, para apartarse de un Gobierno marcado por las prácticas disolutas y criminales en el grupo socialista? ¿Tan importante es trincar hasta el final? ¿No les da ni un poco de vergüenza?
Tal cosa no ocurrirá al tiempo que tanto el PSOE como Unidas Podemos lapidan a Ferrovial por su decisión de largarse de este paraíso socialista que no es más que un infierno fiscal para las empresas y los empresarios (además de para los ciudadanos) plagado de amenazas, insultos y menosprecios. La cortina de humo arbitrada desde la Moncloa es de manual. Rafael del Pino es el chivo expiatorio de la suelta de violadores y de las revelaciones sobre las acendradas costumbres mafiosas de un buen puñado de diputados de la bancada socialista, electos a los que se abrazaba Sánchez con la sonrisa campanuda de quien se cree intocable.
Ferrovial se va de España en búsqueda de seguridad jurídica, de leyes y políticas fiscales favorables al crecimiento, las inversiones y el bienestar común. El movimiento de la operadora de infraestructuras no será el único en un contexto en el que empresarios como Juan Roig o Amancio Ortega son vilipendiados día sí y día también, presentándolos desde las instancias oficiales y los medios afines como capitalistas despiadados, explotadores nivel esclavista y avariciosos tenderos inflacionistas. La maniobra es tan burda que daría risa si no fuera porque el Gobierno social-comunista se ha empeñado en convertir España en la Argentina del sur de Europa, la Venezuela de la UE y la nueva Cuba del viejo continente. Y lo está consiguiendo. Gran logro. Que se lo pregunten si no a los parados, a los hipotecados y a todos los que no llegan a fin de mes.
Pero es que además, los insultos contra Del Pino por su supuesta falta de patriotismo proceden del Gobierno que ha vendido España a los golpistas y a los voceros del terrorismo, quienes no tienen empacho en tachar de antiespañoles a los empresarios que han decidido buscar vientos favorables en lugares más estables y seguros y dejar atrás el acoso y la explotación de un Gobierno manchado por la corrupción y el comunismo en su versión más despiadada (aquí sí que cabe ese adjetivo) y populista.
Resulta que en esta España de los titos Sánchez y Berni, los podemitas y los golpistas y malversadores de ERC y Bildu quienes tienen que dar explicaciones son los empresarios que no vulneran la ley en vez de los delincuentes que anidan y vuelan alto al amparo del Gobierno que elimina la sedición y modifica el delito de la malversación a plena satisfacción de chorizos y separatistas, condiciones que suelen ir en el mismo paquete. El mismo Gobierno que pone en la calle a los violadores, que elabora leyes como la Trans o que contempla en cómplice silencio las revelaciones sobre los apañadores del PSOE como el tal Berni o los ya condenados Chaves y Griñán.