La polémica fabricada por el Ejecutivo social-comunista para atacar al presidente de Ferrovial ha llegado en los últimos días a unos extremos inauditos en un país miembro de la UE. Ya no se trata solamente de los exabruptos habituales de la facción bolivariana del Gobierno, caracterizada por sus insultos a los empresarios españoles de mayor éxito para excitar el rencor de sus votantes más cerriles, sino de todo un presidente del Gobierno arremetiendo contra una empresa que ha decidido, legítimamente, trasladar su sede a otro país de la Unión en busca de una mayor seguridad jurídica y un mejor tratamiento fiscal.
En la minigira europea de esta pasada semana, Sánchez ha aprovechado las ruedas de prensa celebradas en compañía de sus anfitriones finlandeses y daneses para atacar personalmente a Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, al que ha acusado de antipatriota por trasladar la sede de su empresa tras haber amasado "la cuarta fortuna de España" gracias, "en buena medida, a la contribución de los españoles", un argumento idéntico al de sus socios podemitas para condenar al dirigente de una de las empresas de mayor éxito internacional en el sector de la obra civil. Arropado por Nadia Calviño, convertida en otra hooligan bolivariana cuando hace un año elogiaba el "liderazgo inspirador" del presidente de Ferrovial, Sánchez ha dejado estupefactos a los dirigentes europeos al atacar con nombres y apellidos a un ciudadano español que, como cualquier europeo, puede fijar libremente su residencia personal, empresarial y fiscal en cualquier otro país dentro o fuera de la UE.
La ofensiva del Gobierno social-podemita contra una empresa española retrata perfectamente la degradación populista del Ejecutivo de Sánchez y convierte a España en un país poco recomendable para invertir con una mínima seguridad. El espectáculo siniestro brindado por Sánchez a los mercados, amenazando desde el exterior a una empresa que trata de evitar el infierno fiscal en el que ha convertido a España, es el penúltimo capítulo de una operación política de tintes chavistas, orquestada para amedrentar a los empresarios que no aplauden a este Gobierno letal, con amenazas directas de los ministros y, ahora también, del propio presidente.
La campaña contra Ferrovial es un aviso gubernamental contra cualquier otra empresa que pretenda ejercer su derecho, protegido por la legislación comunitaria, a trasladar su sede fiscal a cualquier país de la UE. El estrambote de todo este penoso asunto es la ocurrencia podemita de castigar mediante una ley ad hoc a las empresas que se vayan de España a devolver las ayudas públicas recibidas en la década anterior. La propuesta podemita es la explicación perfecta de por qué hay empresarios que buscan trasladar sus sedes a otros países con seguridad jurídica para seguir invirtiendo y haciendo crecer sus negocios.
Finalmente, los ataques ad hominem de Sánchez al presidente de Ferrovial retratan con toda su crudeza a un personaje siniestro, populista y sin escrúpulos, que ha encabezado con total desparpajo esta sucia campaña de acoso a un empresario español a menos de tres meses de acceder a la presidencia de la UE.