Una de las exigencias de Bruselas al Gobierno de Sánchez para enviar los fondos europeos de recuperación era la reforma estructural de nuestro sistema de pensiones, un marco de previsión social que hace aguas por todos lados y camina a marchas forzadas hacia su implosión. El Ejecutivo podría haber planteado una reforma razonable basada en una reducción del gasto de las pensiones y un aumento de los ingresos de manera equilibrada. Sin embargo, la propuesta que el ministro José Luis Escrivá envió este pasado viernes a Europa, tras su acuerdo con Podemos, carga sobre las espaldas de los trabajadores todo el peso de esta profunda revisión del sistema con graves consecuencias para nuestro mercado laboral.
El plan de Escrivá, negociado con la cuota podemita del Gobierno, es subir las cotizaciones de los 20 millones de trabajadores españoles utilizando para ello dos mecanismos: el incremento de las bases máximas de cotización y la introducción de una así llamada cuota de solidaridad, que afectará a la parte del salario que actualmente no cotizaba por superar precisamente el tope máximo de cotización.
En realidad, lo que hace el Gobierno es subir los impuestos por la vía de las cotizaciones sociales, una decisión de profundo calado que desincentivará la contratación de trabajadores y la creación de trabajo autónomo, actores fundamentales de nuestra economía productiva que ya recibieron un duro castigo en los Presupuestos Generales del Estado con una subida generalizada del 0.6% en las retenciones de todas las nóminas.
Sánchez y sus aliados bolivarianos han decidido evitar cualquier ajuste por la vía del gasto, medida incompatible con su demagogia habitual y más aún en año de elecciones, para cargar las obligaciones impuestas por Bruselas a los trabajadores y empresarios. De esta forma, el Gobierno solventa a corto plazo una papeleta a fin de seguir recibiendo fondos europeos con los que comprar voluntades, aunque ello agrave profundamente uno de los mayores problemas de la economía española dejándolo para que lo resuelva el Gobierno que venga después del sanchismo.
Pero es que ni aumentando de esta manera tan brutal la presión extractiva sobre los trabajadores cualificados se va a garantizar la supervivencia de nuestro modelo de pensiones si no se modera el gasto público. De ahí que el propio documento enviado por Escrivá a Bruselas incorpore un mecanismo de ajuste automático, que facultará al Ejecutivo a gravar todavía más las cotizaciones laborales en una deriva oportunista que anuncia la bancarrota del sistema si no se reestructura a medio plazo.
La necesidad de cumplir con las orientaciones de la UE podía haber sido una ocasión inmejorable para afrontar la revisión a fondo de nuestro sistema de pensiones y garantizar su estabilidad. En cambio, lo que ha hecho Sánchez es solucionar sus problemas inmediatos a base de cargar a las espaldas de la España productiva el coste de los enjuagues con sus aliados para mantener su Gobierno a flote. Es decir, lo que ha hecho siempre desde que llegó al poder.