Pido perdón a los lectores de Libertad Digital por dos razones. Uno, referirme a un tema sobre el que ya he escrito con anterioridad y recientemente: la operación secreta de venta-cesión de parte del territorio de España a los nazis alemanes y a los fascistas italianos durante la Guerra Civil. Segundo, llamar malversación de soberanía a lo ocurrido entonces y lo que sigue ocurriendo en la España actual. Es un concepto que creo jurídico y certero pero que no es un tipo penal.
Estaba en Madrid con el muy destacado abogado penalista malagueño Antonio Urdiales Gálvez, tataranieto del virrey de la nueva, Bernardo de Gálvez, que ayudó de manera eficaz a la independencia de los Estados Unidos hasta el punto que su retrato está, más que merecidamente, en la Casa Blanca de Washington, cuando comenzamos a hablar sobre lo ocurrido durante la Guerra Civil española en el primer semestre de 1937. Tal vez nuestra asistencia al primer encuentro de Res Hispánica en el monasterio de San Lorenzo del Escorial propició la conversación.
Lo que ocurrió es un hecho básico innegable que, aunque Javier Tusell y Pío Moa hicieron referencia del acontecimiento de pasada y sin detalles hace años, ha sido investigado y demostrado sin sombra de duda por el periodista e historiador balear, Manuel Aguilera Povedano. 15 años le ha costado desentrañar qué fue lo que ocurrió en ese año para que el Gobierno republicano, presidido por Francisco Largo Caballero, con conocimiento indudable de Manuel Azaña, se planteara la cesión y venta de territorios de soberanía española incuestionable a las potencias del futuro Eje, la Alemania nazi y la Italia fascista. No a Gran Bretaña o a Francia o cualquiera otra nación democrática europea, sino a Mussolini y a Hitler, los enemigos de la II República que mandaron tropas al territorio español en auxilio de Franco.
Se dice al principio del libro de Aguilera, publicado en 2022 y titulado El oro de Mussolini. Cómo la República planeó vender parte de España al fascismo, lo que sigue:
En 1937, tras un año de guerra civil, el Gobierno de la República activó la Operación Schulmeister con el objetivo de lograr la retirada de la ayuda de Hitler y Mussolini al bando nacional, para lo cual se planteó la cesión de territorios "como las Islas Baleares, Canarias y el Marruecos español.
Y sigue poco después exponiendo:
La idea había partido de Araquistaín y contaba con la aprobación del presidente del Gobierno, Largo Caballero. La ayuda rusa era insuficiente y Francia y Reino Unido no querían saber nada de la deriva revolucionaria del bando republicano. En enero de 1937, la República perdía la guerra y solo quedaba una salida. Usando las propias palabras del viejo socialista, aquello era ‘el huevo de Colón’. El embajador envió una carta a Caballero y se lo dijo claramente: ‘Creo que es la única solución: hay que comprar la no intervención en España’. Cuando recibió luz verde, contactó con su homólogo italiano en Londres, Dino Grandi, y concertaron una reunión. Araquistáin bautizó la operación con el alias de su mejor agente, ‘Schulmeister’, que quedó encargado de la negociación. El apodo lo había copiado de un agente doble austríaco que trabajó para Napoleón.
Luis Araquistáin, intelectual fino y agudo, era embajador de la República Española en París y fue quien, tras recibir la aprobación de su jefe, Largo Caballero, puso en marcha la operación mediante una trama de espionaje que al final no salió bien, pero que no impidió que Mussolini comprara la tercera finca más grande de Mallorca para instalar en ella a una colonia de miles de italianos con la finalidad de dominar el tráfico del Mediterráneo.
Señoras y señores, yo creo que los ciudadanos españoles debemos exigir una explicación a los actuales dirigentes del PSOE acerca de estos hechos que constituyeron una "malversación de la soberanía española", algo que lo que han reincidido recientemente con el abandono de las responsabilidades en el Sáhara y su desidia, leve sustantivo, en la defensa de tal soberanía nacional ante las agresiones, humillaciones, ilegalidades y desprecios infligidos por los separatismos desde hace tiempo en Cataluña y País Vasco, por dejarlo ahí.
Las pruebas documentales están en el libro. Muchos, por supuesto el PSOE, pero asimismo la CNT o su expósita CGT (Federica Montseny estuvo en el secreto), deben dar una explicación de tal deslealtad nacional, un escándalo revelador de su disposición arbitraria, talante moral e irresponsabilidad histórica. Tampoco vendría mal la petición de una Comisión de Investigación en el Congreso u otras iniciativas que nos permitan saber cómo un gobierno de España fue capaz de perpetrar tal infamia. La ignominia, afortunadamente no consumada, debe pagarse y todos los demócratas españoles debemos demandarlo.