La operación de situar a Cándido Conde-Pumpido en la presidencia del Tribunal Constitucional significa que el polvo del camino va a seguir manchando las togas durante algunos años más, aunque haya cambio de gobierno a la derecha en las próximas elecciones. Ahora le va a tocar el turno al caso ERE. Se ha podido ver a Manuel Chaves y a Gaspar Zarrías, muy envejecidos pero juntos, en un mitin de Pedro Sánchez en Bilbao. Es que, señoras y señores, hay que rendir pleitesía y humillarse ante quien tiene en sus manos una decisión que puede borrar de la pizarra la corrupción socialista del caso ERE.
José Antonio Griñán, que no sale al balcón político, está igualmente a la espera de encontrar una solución a la desesperada. Tanto Chaves como él han sido presidentes de la Junta y del PSOE a nivel nacional y su condena es una humillación sin precedentes para quienes se creían intocables representantes de la "honradez". El caso de Griñán, además, está resultando chocante por cuanto es el único de todos los condenados a penas de cárcel, que no ha pisado prisión. Incluso Agustín Barberá, un viceconsejero de Empleo de la Junta de los ERE, con una responsabilidad mucho menor y otro cáncer, tiene ya plaza en una celda.
Hay que tener un carácter muy especial y un amor por sí mismo indefinible para tragar con fluidez que los subordinados están en la trena y él, responsable según la sentencia, no. Unos siguen siendo más iguales que otros. Los patios penitenciarios serán testigo de suculentas conversaciones sobre la dignidad y la entereza. ¿Y la Audiencia Provincial de Sevilla, que está exigiendo a todos, menos a Griñán, sabio en dilaciones, el cumplimiento de la sentencia? Pues veremos cuál es su próxima excusa, pero ya estamos en precampaña electoral. Ahora todo cuesta mucho.
Descartadas las demás vías posibles para impedir que la sentencia condenatoria se cumpla –no parece que el indulto sea electoralmente rentable, aunque cualquiera sabe de una gente a la que la ley y las reglas le importan un comino—, ahora entramos en otra fase. Todos los ex altos cargos socialistas condenados a penas de cárcel en el caso ERE han presentado en tiempo y forma sus recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. Todas las demás vías se han ido cerrando y la única puerta a la que les queda por llamar lleva el rótulo de Cándido Conde-Pumpido.
Es más, es que también han presentado sendos recursos los condenados por el delito de prevaricación a la pena de inhabilitación, entre los que son destacables, para que rimen con la foto de Bilbao, Manuel Chaves y Gaspar Zarrías, pero también Magdalena Álvarez y otros dos más.
La estrategia de Pedro Sánchez y su equipo se ve ahora con toda claridad. Sabiendo que el Tribunal Supremo, por ahora, no sigue sus consignas y ha rechazado todos los incidentes de nulidad que los afectados presentaron contra la sentencia que los condenó, era inevitable que, si aspiran a la anulación de las penas a las que fueron condenados, reiteren sus argumentos ahora bajo la forma de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que preside Conde-Pumpido. Es la gran, y casi la única, esperanza de salvación con escándalo, claro, pero menos visible y maquillado de legalidad.
Una vez presentados, todos los recursos de amparo pueden ser admitidos a trámite o no. No es frecuente que el Constitucional los admita cuando se refieren a sentencias ratificadas por el Tribunal Supremo. No llega al 2 por ciento los que lo consiguen. Pero en este caso tendrán que ser admitidos todos para que el camino de la salvación sea posible. No podrá discriminarse a unos frente a otros, como se ha hecho en el caso Griñán, porque el riesgo de que alguna lengua se desate por cabreo insuperable puede ser tremendo en estos tiempos de urnas próximas.
¿Y qué pasará luego? Todo depende de Sánchez y Sánchez depende, una vez más, de Conde-Pumpido que ya hemos advertido cómo maneja el Tribunal, incluso a los magistrados que no son de su cuerda. La sombra de Pumpido es alargada y, en este caso, va a ser atronadora. ¿Podrá decidir la suspensión temporal de la ejecución de la sentencia evitando de ese modo el marrón Griñán y excarcelando a los presidiarios del caso hasta después de las elecciones y luego ya se verá? Tal decisión podría interpretarse como una absolución temporal y presentada por el agit-prop de Ferraz como un triunfo de su inocencia a pesar del llanto y crujir de dientes de la Fiscalía Anticorrupción a la que habrá que desacreditar. Pero, contra las lentitudes habituales del TC, habría que darse prisa, mucha prisa. Habrá que prestar atención.