La prohibición de publicar encuestas electorales durante los últimos cinco días de campaña es una excepción de la legislación electoral española respecto a los países de la Unión Europea, en la inmensa mayoría de los cuales se publican estudios de intención de voto con toda normalidad incluso el mismo día de las elecciones.
El despropósito español data de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985, cuyo artículo 69.7 prohíbe la publicación de encuestas en la recta final de cada campaña electoral y prevé multas de hasta 30.000 euros para sancionar su incumplimiento. 38 años después, la absurda limitación sigue vigente a pesar de que, a lo largo de estas casi cuatro décadas, la Loreg ha sufrido 26 modificaciones sin que los distintos parlamentos de la democracia hayan puesto fin a esta exigencia anacrónica.
El paso del tiempo y el desarrollo de las nuevas tecnologías han convertido en obsoleta esta regulación, pensada para un tiempo en el que el único acceso de los ciudadanos a la información provenía de los medios de comunicación tradicionales. Con la irrupción de internet y la llegada de las redes sociales, tratar de impedir a los españoles el acceso a los estudios demoscópicos de última hora es un esfuerzo vano que resulta hasta ridículo.
Pero es que, más allá de la imposibilidad material de impedir el flujo de información durante las últimas horas de la campaña electoral, hay una cuestión de fondo que debería llevar a los legisladores a poner fin a una prohibición de la que, por cierto, los partidos políticos quedan al margen, puesto que ellos sí manejan hasta última hora los datos que les proporcionan las empresas demoscópicas. Hablamos, obviamente, del derecho a la información de los ciudadanos en una democracia madura como la española, que no necesitan la tutela de la clase política para votar libremente a su opción preferida. Precisamente un voto responsable exige contar con la mayor cantidad de información disponible, muy especialmente en aquellas circunscripciones donde los últimos escaños se dirimen por un puñado de votos. Los ciudadanos de esas provincias tienen derecho a saber qué dicen las encuestas al respecto en el momento de depositar el voto, única manera de hacerlo con plena consciencia de los efectos que su decisión va a propiciar.
Como siempre, durante los últimos días de campaña seguirán conociéndose los estudios electorales a pesar de la prohibición absurda de nuestro marco regulador, que sigue tratando a los ciudadanos españoles como a menores de edad, necesitados de la protección de los políticos para no dejarse engañar.