No es de recibo que el Gobierno continúe utilizando las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros para hacer propaganda y arremeter contra el adversario político. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ya fue multada por la Junta Electoral pero persiste en una actitud que implica al Gobierno en pleno y muy especialmente al presidente en funciones, Pedro Sánchez. La Moncloa no es precisamente el lugar más idóneo para cargar contra el candidato que se someterá al debate de investidura de los próximos 26 y 27 de septiembre por encargo del Rey y a unas horas de la reunión entre Sánchez y Feijóo.
Sin embargo, el Ejecutivo ignora a sabiendas el carácter institucional e informativo de esas comparecencias para convertirlas en mítines en los que se carga sin medida contra el dirigente popular con argumentos falaces y se le acusa de engañar al país. No deja de ser sintomático que sea el Gobierno que más ha mentido a los españoles el que aluda a los supuestos engaños de Feijóo, que contra lo que sostiene la propaganda socialista es quien ha ganado las elecciones.
Las diatribas de Isabel Rodríguez han sido el marco de la reunión prevista para este miércoles entre Pedro Sánchez y el candidato a la investidura Feijóo, cita cuyo resultado será estéril por el empecinamiento del dirigente socialista en priorizar las "soluciones" que pasan por negociar con separatistas y con proetarras en vez de con el representante de la primera fuerza política de España en número de votos y escaños. Servirá, eso sí, para poner de manifiesto el sesgo de Sánchez y su "talante" para el diálogo selectivo.
Pero si la petición de una reunión con Sánchez por parte de Feijóo es un paso lógico y acertado para evidenciar las graves carencias democráticas e institucionales de Sánchez, su partido y sus aliados, pretender incluir en esa ronda a fuerzas como Junts y ERC es un grave error por parte de la dirección del PP. Ni Junts ni ERC son partidos democráticos. Tienen una acreditada trayectoria golpista, anuncian sin recato que persistirán en sus intentos de destruir España y la democracia y sólo pretenden arrancar de sus interlocutores prebendas como la amnistía y compromisos sobre la autodeterminación. Nada que tenga que ver con el bien común, las políticas económicas y sociales y el progreso y bienestar de la sociedad española.
Dar carta de naturaleza a los separatistas catalanes como interlocutores supuestamente democráticos evidencia un notorio error de lectura de la situación. Y, además, ERC ya ha anunciado que no piensa reunirse con el PP mientras que en el caso de Junts, los de Puigdemont conciben el encuentro como una rendición sin paliativos de la formación popular y un reconocimiento a la figura del prófugo de la Justicia. En cuanto a los populares, su presidente en Cataluña, Alejandro Fernández, ha destacado lo equivocado de la decisión de Feijóo. Es el único que se ha atrevido a hacer públicas sus discrepancias en la seguridad de que será relevado a corto o medio plazo de sus responsabilidades. Pero el malestar existe en el seno de los populares porque la medida, además de incoherente y contra los más elementales principios democráticos, es también un error grosero que además no puede atribuirse a ningún encargo de un Rey tachado por los separatistas de "ilegítimo" y "fascista". Sólo eso ya sería suficiente para descartar cualquier encuentro y al nivel que sea con Junts y con ERC, los partidos supremacistas que discriminan a los castellanohablantes, aplican la inmersión lingüística a machamartillo y pretenden acallar a todo aquel que se oponga a sus planes separatistas.