Bien está que exdirigentes del PSOE tan destacados como Felipe González, Alfonso Guerra, Belloch, Almunia, Rosa Conde, Jáuregui y algunos otros hayan alzado su voz contra la inconstitucional amnistía que Pedro Sánchez parece estar dispuesto a conceder a sus socios separatistas catalanes con tal de que le sostengan en La Moncloa. Sin embargo, y al margen de que estos políticos ya no tienen ningún predicamento en el actual PSOE, es el Partido Popular y su máximo dirigente Alberto Núñez Feijóo sobre el que recae la máxima responsabilidad a la hora de impulsar y liderar las movilizaciones contra esta involución antidemocrática que conllevan las reivindicaciones secesionistas.
Así parece haberlo entendido —hasta cierto punto— el propio Feijóo, quien ha anunciado que, además de presentar mociones institucionales contra la amnistía para forzar a todos los cargos del PSOE a retratarse, convocará a todos los presidentes autonómicos en el Senado para que expresen públicamente su opinión sobre esta ley. Bien está que Feijóo haya anunciado también su disposición, llegado el caso, a recurrir la ley de amnistía no sólo ante el Tribunal Constitucional sino también ante los Tribunales Europeos. Sin embargo, la oportuna decisión de implicar a la UE contra la amnistía que reclaman los golpistas a Sánchez —implicación por la que abogábamos el pasado domingo— no se refiere únicamente a los Tribunales comunitarios —cosa para lo que, efectivamente y tal y como sucedería con el recurso ante el Tribunal Constitucional, habría que esperar a que esta antijurídica "ley" estuviera aprobada—, sino que incluye una campaña previa de denuncia política ante la Comisión Europea, la cual podría y debería manifestarse ya, y como previo aviso a navegantes, contra el golpe contra el Estado de Derecho que supondría una amnistía como la que nos ocupa.
Es más, esta movilización cívica e institucional contra el golpe a nuestro Estado de Derecho que implica la amnistía debe incluir las protestas y las manifestaciones ciudadanas como las que, sin cobertura política y mediática alguna, tuvieron lugar el pasado domingo en numerosos ayuntamientos de toda España o como la que tan meritoriamente está organizando Sociedad Civil Catalana para el próximo 8 de octubre en Barcelona.
Como bien ha señalado el expresidente José María Aznar, se trata de impulsar una movilización civil para decir "Basta Ya" a la degradación de nuestro Estado de derecho: "España acumula energía cívica, institucionalidad y masa crítica nacional para impedir que este proyecto de deconstrucción constitucional, de disolución nacional, se consume". O al menos para intentarlo.
A este respecto cabe destacar, finalmente, la insuperable desfachatez de este Gobierno felón que, por boca de su portavoz Isabel Rodríguez, ha acusado a Aznar nada menos que de "comportamientos antidemocráticos y golpistas" por el hecho de haber llamado a la movilización cívica contra le antidemocrática y anticonstitucional amnistía que el Gobierno parece estar dispuesto a conceder a los golpistas…
Así las cosas, confiemos en que la desfachatez de este Gobierno no sea directamente proporcional a los complejos de la oposición a la hora de combatirla. Sencilla y dramáticamente, es nuestra democracia y nuestro Estado de derecho lo que está en juego.