Si fuentes cercanas al Centro Nacional de Inteligencia filtran una información en la que reconocen que en el pasado habían detectado dos asaltos a Telefónica, pero que con el saudí no pudieron, que les "pilló con el pie cambiado" cabe preguntarse desde cuándo un centro de inteligencia del Estado comunica, sin ser requerido, un fracaso operativo.
El pasado 5 de septiembre la Compañía de Telecomunicaciones Saudí (STC) anunció la compra de 569,3 millones de acciones de Telefónica —según precisó la agencia Blomberg—. El 9,9% del capital social de la compañía.
Ni Telefónica, ni los accionistas mayoritarios (BBVA y CaixaBank), ni el Gobierno, ni el CNI… aparentemente nadie se enteró. Ni siquiera la Unidad de Inteligencia Económica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, especialistas en perseguir algo tan sofisticado como la colusión algorítmica. La vicepresidenta Nadia Calviño aseguró que el Gobierno lo supo por una llamada saudí el mismo martes. Hechos consumados.
Unos días antes, el 28 de agosto, el Gobierno italiano había aprobado dos decretos para hacerse con un máximo del 20% de la proveedora de infraestructuras de red de Telecom Italia por un valor de 2.200 millones de euros. La inversión saudí en Telefónica es de 2.100 millones.
El ministro italiano de Economía, Giancarlo Giorgetti, declaró que su Gobierno quería "asegurar el ejercicio de poderes especiales y garantizar la capacidad de incidir en términos de estrategia y seguridad en lo que nosotros consideramos una red decisiva también para el futuro del país". La vuelta del Estado a Telecom Italia será, en cualquier caso, "de forma minoritaria". Coincidencias.
Retrocedamos unos días. El 5 de julio, el BOE publicaba el Real Decreto 571/2023 sobre inversiones exteriores. Esta nueva norma es la que permite a los saudís convertirse en los primeros accionistas de Telefónica. Casualidad.
La normativa vigente hasta esa fecha era el Real Decreto 664/1999, que establecía en su artículo 10 los supuestos que pueden provocar la suspensión del régimen de liberalización: "Siempre que las inversiones (extranjeras) por su naturaleza, forma o condiciones de realización, afecten o puedan afectar a actividades relacionadas, aunque sólo sea de modo ocasional, con el ejercicio de poder público, o a actividades que afecten o puedan afectar al orden público, seguridad y salud públicas". No hay excepciones. Se suspende la inversión y se inicia un trámite administrativo. Esta norma se ha derogado.
¿Qué dice el real decreto, publicado en plena campaña electoral? Donde no había excepción, ahora se establece: "se exceptúa esta suspensión del régimen de liberalización,… en los siguientes casos: la inversión en sociedades españolas cuando no alcancen el 5 por ciento del capital social". La empresa saudí STC se ha parado en el 4,9%. Tiene otro 5% en "instrumentos financieros derivados". Traducido: el banco de inversión Morgan Stanley —uno de los causantes de la crisis financiera de 2008— le guarda ese porcentaje mientras el Gobierno de España decide si autoriza o no llegar al 9,9%.
Según informó la agencia Reuters, STC comenzó la operación en el mes de mayo. Los despachos de abogados Linklaters y Allen & Overy diseñaron la estructura jurídico-financiera y se encargó a Morgan Stanley la compra de los más de 500 millones de acciones. A la chita callando. La información precisa que cuando se alcanzó el 3% se frenaron las compras. El martes STC alcanzó el objetivo después de adquirir una participación adicional del 2% de inversores no revelados, afirma Reuters citando fuentes conocedoras de la operación.
¿Tan callando que nadie se enteró en España? ¿Es creíble, especialmente en los últimos días en los que se aceleran las adquisiciones? Lo que sí es creíble, a tenor de la estrategia de compra de acciones, es que Arabia Saudí tenía conocimiento previo del artículo 18.2 del real decreto.
En julio de 2003, a instancias del primer ministro francés Jean-Pierre Raffarin, el diputado Bernard Carayon redactó un informe sobre el estado de la inteligencia económica francesa. El Informe Carayon era continuación del publicado en febrero de 1994, el Informe Martre, elaborado también a petición del Gobierno. Como consecuencia de las recomendaciones del señor Carayon se creó en 2009 la Delegación Interministerial para la Inteligencia Económica (D2IE), una estructura para desarrollar y coordinar la política pública en esta materia. Desde 2013 depende del primer ministro. Francia es el país que ha liderado la inteligencia económica en el ámbito europeo.
Todo lo contrario sucede en nuestro país. El Resumen Ejecutivo de la Estrategia Española de Seguridad de 2011, todavía bajo los efectos de la crisis financiera de 2008, menciona a la inseguridad económica y financiera como una amenaza y propone la creación de un Sistema de Inteligencia Económica (SIE). Una sucesión de conceptos y propuestas vacías que llevaron al General de Brigada y primer director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, Valentín Martínez Valero, a afirmar que "en lugar alguno del documento se proporciona una clara definición de lo que se entiende por Inteligencia Económica". Javier Solana tuvo una destacada participación en su elaboración.
En la actualización de la Estrategia de Seguridad Nacional correspondiente al año 2013, los redactores no saben qué hacer con el SIE. Afortunadamente no propusieron crear un Observatorio, que es lo que suele suceder en estos casos.
La Escuela Superior de las Fuerzas Armadas publicó en 2016 la monografía Inteligencia. Un enfoque integral. Al referirse a la Comunidad de inteligencia en España, se puede leer:
Es muy necesario que los servicios de inteligencia reciban indicaciones claras de los dirigentes políticos para incorporar la inteligencia económica e industrial en su catálogo real de tareas más allá de las que pueda hacer la Directiva de Inteligencia.
(...).
Las escasas relaciones de empresas con el Centro [CNI] se producen por contactos personales de la dirección o alguna área específica. La falta de cauces establecidos y adecuados convierte a la relación personal en la base de esta actividad, lo que genera una excesiva precariedad, inestabilidad y dependencia de factores personales. Esta es, sin duda, una asignatura pendiente del servicio de inteligencia: implicarse más en esta parcela o bien explicitar a los potenciales consumidores lo que realmente puede aportar en esta área.
En 2021 el concepto de Inteligencia Económica desaparece de la Estrategia de Seguridad.
Cuando España estaba sometida a durísimas turbulencias en los mercados financieros, la División de Inteligencia Económica del CNI tuvo un destacado papel en la detección de los ataques especulativos a la deuda pública española que se produjeron en 2010. Ataques coordinados por cuatro fondos de inversión extranjeros y alentados por las campañas de desprestigio y desestabilización del Financial Times.
Lo mismo sucedió cuando en 2008 frenaron los intentos de Lukoil y Gazprom, empresas rusas bajo el control de Putin, de comprar Repsol.
Una política coherente de inteligencia económica facilitaría al Estado la defensa de las empresas estratégicas. Esto nada tiene que ver con incluir a un representante del CNI en la Junta de Inversiones Exteriores.
Volviendo al inicio de esta crónica, ¿esas filtraciones atribuidas a "una fuente conocedora" son una llamada de atención o se busca cargarle el mochuelo al CNI, como ya lo hicieron con el móvil del presidente? ¿O es que sí se supo, aunque ya sin margen de maniobra?
Porque, aceptar que la compra de 569 millones de acciones puede pasar desapercibida, o que no hay inteligencia en los entornos que la han hecho posible, es tan inverosímil como admitir pulpo como animal de compañía.