"El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino". Todos recordamos esta frase, tan cursi como terrible, con la que Conde-Pumpido, entonces Fiscal General del Estado, dio garantías de que el Ministerio Público no sería obstáculo a las bochornosas e ilegales negociaciones entre el gobierno de Zapatero y ETA. Pues bien, si aquella servil Fiscalía tuvo finalmente que mancharse mucho en el barro de la prevaricación para no poner objeciones a una negociación con terroristas que estaban prófugos de la Justicia, no tenemos duda que este mismo personaje, que ahora preside el Tribunal Constitucional y que controla a la mayoría de sus magistrados, tampoco eludiría el barro de las inconstitucionales exigencias que le plantea a Sánchez el golpista prófugo y actual presidente del ilegal "Consejo de la República catalana", Carles Puigdemont. Entre otras la clamorosamente inconstitucional ley de amnistía. Y es que si la ceguera voluntaria o las ganas de enfangarse de Conde-Pumpido llegaron al extremo de no querer ver el clamoroso delito en el que incurrían las autoridades que dejaban de promover la persecución de aquellos terroristas —entre ellos, Josu Ternera—, sería ingenuo pensar que no aceptase ahora el pulpo como animal de compañía, leáse, la amnistía como algo constitucional.
La cuestión, sin embargo, no es que Sánchez quiera gobernar para amnistiar a los golpistas, sino que quiere amnistiar a los golpistas para poder gobernar. Para ello dispone de menos de 60 días. Y no puede hacerlo como proyecto de ley por dos motivos: primero porque es un Ejecutivo en funciones y segundo porque ello le exigiría un dictamen de órganos consultivos que no controla, como el CGPJ o el Consejo de Estado, que con toda seguridad emitirían dictámenes contrarios a esa inconstitucional amnistía. Así las cosas, arteramente tendrá que ser un grupo parlamentario —no necesariamente separatista— el que la lleve al parlamento como proposición de ley y que este la apruebe con toda celeridad. Sin embargo, no hay prisa ninguna para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre esa amnistía. Para empezar, se tendrá que aprobar; luego se tendrá que recurrir ante el TC y para cuando este se pronuncie, con toda seguridad, o Pedro Sánchez ya habrá sido investido presidente o ya se habrá producido la repetición electoral por no haber sido suficiente para saciar a los golpistas.
Lo que es evidente es que, con el control que tiene este Ejecutivo sobre el Tribunal Constitucional a través de Conde-Pumpido, ni siquiera sería ya necesario que el Tribuanl de Garantías declarara en el futuro constitucional esta ley de amnistía para que Sánchez ya se hubiera salido con la suya. A la postre, a Sánchez la amnistía de los golpistas le parecía inconstitucional hasta hace nada. Y si ahora ya no lo dice —insistimos— no es porque quiera gobernar para amnistiarlos, sino porque quiere amnistiarlos para poder gobernar.
La cuestión es que el daño a nuestro Estado de derecho ya habrá sido tan irreparable, pero mucho más grave, que los dos estados de alarma que finalmente fueron declarados inconstitucionales cuando el Tribunal de Garantías no era todavía la servil correa de transmisión del Ejecutivo que ya es ahora. La cuestión es que Sánchez ya se habrá hecho para entonces con el completo control del CGPJ y del Tribunal Supremo, tal y como ya alertan fuentes del Alto Tribunal. La cuestión es que la débil separación de poderes de nuestra nación habrá desaparecido completamente. Y, sin una mínima separación de poderes, la Constitución desaparece. No sin razón el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano proclamaba categórico que "una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de poderes, carece de Constitución".