El acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts para lograr la investidura de Pedro Sánchez no sólo supone una aberración desde el punto de vista jurídico, vulnerando de forma flagrante la Constitución y el fundamental Estado de Derecho, sino que resulta insostenible desde el punto de vista económico y tendrá graves consecuencias para el conjunto de las familias y empresas.
La condonación de parte de la deuda acumulada por Cataluña a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) es tan sólo el principio y no se quedará en los 15.000 millones anunciados inicialmente. ERC y Junts ya se han apresurado a exigir la condonación total de dicha factura, que supera los 73.000 millones de euros, y es evidente que Sánchez cederá, una vez más, a tal exigencia para extender al máximo la legislatura.
Más allá de la injusticia que supone para el resto de españoles cargar con una deuda que no les corresponde, dicha condonación supone un terrible incentivo desde el punto de vista presupuestario, puesto que premia a los políticos más irresponsables y manirrotos, como es el caso de la Generalidad en los últimos años, frente a la buena gestión desempeñada por algunas autonomías, como bien ejemplifica Madrid, que no acudió al FLA. Así pues, más deuda y un empeoramiento sustancial en el manejo de las cuentas públicas, ya de por sí deplorable.
Además, el acuerdo con Junts incluye también la concesión del Pacto Fiscal a Cataluña mediante la cesión del 100% de los impuestos que se paguen en esta región. Esto supondrá, de facto, convertir Cataluña en un nuevo fuero, a imagen y semejanza de País Vasco y Navarra. Y todo ello sin respetar, una vez más, las leyes ni los procedimientos establecidos. El problema aquí es que será imposible mantener el actual sistema de financiación autonómica, sustentado sobre el principio de solidaridad interterritorial.
Cataluña, al ser una región rica, es contribuyente neta del sistema, de modo que una parte de la recaudación que genera sirve para sufragar los servicios básicos de las autonomías con menos recursos. Si se convierte en un fuero, con hacienda propia, dejará de aportar dinero al resto de CCAA. Y eso se traducirá en menos financiación para las autonomías de régimen común y, muy especialmente, en una carga adicional para los madrileños, que, hoy por hoy, son los que más aportan a este particular sistema de solidaridad.
No se puede reformar el modelo de forma unilateral, y no sólo porque vulnera la ley, sino porque es imposible de financiar. El golpe fiscal que supondría a Madrid y Baleares ahogaría a estos dos motores de crecimiento de la economía española. Simplemente, no es factible desde el punto de vista presupuestario.
Si a ello, además, se añade la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, el desaguisado de las cuentas públicas ya no tendría remedio. Lo único que garantiza la financiación de las pensiones, y con enorme dificultad debido a la ausencia de reformas, es que su financiación no depende de los cotizantes que residen en una u otra región, sino que es una cuestión nacional.
La mayoría de CCAA, incluidas Cataluña y País Vasco, tendrían muy complicado cubrir en solitario el coste de sus pensionistas. Únicamente el esfuerzo de todos los españoles garantiza mínimamente el mantenimiento del sistema público de reparto vigente. La división y reparto de la caja única de las pensiones agravará aún más la insostenibilidad de este particular modelo.
Por si fuera poco, una nueva legislatura de Pedro Sánchez en coalición con los comunistas de Sumar incidirá en el histórico declive institucional y económico que sufre España. El saqueo fiscal y el intervencionismo económico se intensificarán. En resumen, más deuda, más déficit y más pobreza para todos los españoles.