Hacienda deberá investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito fiscal tras confesar viajes de avión pagados por la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en el marco del caso Plus Ultra. El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional José Luis Calama asumía este martes la investigación de la causa tras la inhibición de Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid.
A preguntas de la senadora de Vox Paloma Gómez Enríquez durante la comisión de investigación celebrada este martes en la Cámara Alta, Zapatero reconocía que con un avión Falcon, propiedad de la empresa PDVSA, "puede que me haya traído alguna vez desde Caracas", concretamente hasta Lisboa y desde "Lisboa a Madrid". Después, Zapatero añadía que "había una primera etapa en la que iba directamente a Caracas. Luego, se complicó, porque en los vuelos había tensión alguna vez. Entonces, hubo un momento dado, que no sé cuándo fue, en el que volaba a República Dominicana y, en República Dominicana, un avión del Gobierno me recogía y hacía ese trayecto".
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Hacienda está obligada a investigar a Zapatero por un presunto delito fiscal tras su confesión de este lunes en la comisión de investigación del Senado. El departamento que dirige la vicepresidenta María Jesús Montero tiene que abrir una inspección al expresidente del Gobierno con el objetivo de saber cuántos viajes de avión le sufragó el régimen venezolano y la empresa estatal PDVSA".
"El delito fiscal podría existir si el impacto en la declaración del IRPF de esos viajes pagados por el entonces régimen de Nicolás Maduro y por la empresa estatal de petróleo venezolana, supera los 120.000 euros, es decir, que la cuota resultante de imputar en el IRPF esos viajes sea superior a esa cantidad. Además, esa cuantía debe de ser por ejercicio y tributo. Existe un precedente que fue la investigación realizada a Juan Carlos I después de que la Fundación Zagatka le sufragara viajes en avión privado que el rey emérito no había declarado a Hacienda", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la Agencia Tributaria también debe investigar de la misma forma si Zapatero tributó correctamente los pagos que recibió por supuestas asesorías de la sociedad Análisis Relevante, empresa administrada por su amigo Julio Martínez Martínez, que fue detenido en el marco del caso Plus Ultra por presunto delito de blanqueo de capitales".
El expresidente del Gobierno reconoció en el Senado que percibió como supuesto consultor de esta sociedad una media de 70.000 euros brutos anuales, que facturó como autónomo, y negó cualquier tipo de irregularidad. También reconoció haber coincidido en un viaje de avión con Víctor de Aldama, tal y como desveló el propio empresario.
La investigación de los viajes en avión a Juan Carlos I
La Fiscalía española, durante el mandato de Dolores Delgado, abrió una investigación al rey emérito Juan Carlos I, que incluyó aspectos relacionados con viajes en avión privado no declarados y sobre su impacto en la declaración de la renta (IRPF). El foco principal fue la Fundación Zagatka (creada en Liechtenstein por su primo Álvaro de Orleans), que sufragó numerosos vuelos privados (jets) para Juan Carlos I, especialmente después de su abdicación en junio de 2014. Estos pagos se consideraron pagos en especie o rentas en forma de bienes o servicios, obligados a tributar en el IRPF como incremento patrimonial o renta del trabajo.
Concretamente, la fundación pagó alrededor de 8 millones de euros en servicios de avión privado (principalmente a través de la empresa Air Partner PLC), alojamientos y otros gastos entre 2014 y 2018. Estos beneficios no se declararon inicialmente en las declaraciones de renta de Juan Carlos I, lo que generó una posible irregularidad fiscal. En febrero de 2021, el rey emérito presentó declaraciones complementarias voluntarias ante la Agencia Tributaria para regularizar estos importes de 4,5 millones de euros. Finalmente, en marzo de 2022, la Fiscalía del Supremo archivó todas las diligencias abiertas sobre la fortuna de Juan Carlos I, incluyendo las relacionadas con la Fundación Zagatka y los vuelos no declarados.
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