El Gobierno sigue adelante con sus planes de consumar la regularización masiva de más de un millón de inmigrantes que están en situación ilegal en España. La cifra sería mayor por la reagrupación familiar, pudiendo llegar a los dos millones. El Ejecutivo no sólo evitó consultar con los organismos competentes, sino que ignora los informes policiales que denuncian prácticas fraudulentas para acogerse a la medida.
Por ello, el grupo del PP en el Congreso ha impulsado una batería de iniciativas que buscan desmontar la propaganda de Pedro Sánchez y alertar de los graves problemas de seguridad que puede acarrear esta regularización. En un escrito presentado en la Cámara, al que ha tenido acceso Libertad Digital, denuncian que el Ejecutivo promovió la medida sin recabar informes técnicos, operativos y de inteligencia.
Es más, informes posteriores, de carácter reservado, han alertado de riesgos jurídicos y operativos, especialmente en lo referente a los antecedentes penales, ya que apenas se requerirá una declaración responsable para la regularización, lo que abre la puerta a delincuentes, criminales y terroristas.
Sin informes previos
Por ello, el PP exige al Gobierno copia de los informes elaborados por la Oficina General de Extranjería, la UCRIF o el CENIF; de los informes técnicos y operativos y de las comunicaciones entre los ministerios de Interior e Inmigración con la Policía en relación al decreto.
El grupo de Ester Muñoz denuncia también que la Policía Nacional ha advertido de prácticas fraudulentas para acogerse a la regularización, que han sido ignoradas por el Gobierno. El colapso provocado por la alta demanda está generando problemas en los controles de extranjería, facilitando fraudes documentales y que personas con antecedentes se salten los filtros de seguridad.
Esto pone en riesgo la seguridad ciudadana, el espacio Schengen y la cooperación policial europea. Por ello, el PP ha presentado una batería de preguntas al Gobierno para que informe si Interior conoce el aumento de denuncias falsas por pérdida de pasaporte para eludir los controles en la regularización; qué controles se llevan a cabo para que personas con antecedentes no se puedan acoger a la medida o si creen suficiente una mera declaración responsable penal.
El PP quiere conocer también si el Gobierno ha valorado el riesgo de esta medida para el espacio Schengen, cómo se está reforzando el personal para que los servicios de Extranjería no se vean colapsados y el posible efecto llamada, que atrae además a las mafias.