La celeridad y contundencia con la que el régimen sanchista está tratando de liquidar lo que queda de independencia del Poder Judicial y de respeto a la separación de poderes y a la igualdad ante la Ley parece no tener límites. Para empezar, el nuevo letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, un ex alto cargo del Ministerio de Política Territorial, ha tenido la servil y colosal desfachatez de dar luz verde a la tramitación de la Proposición sobre la inconstitucional Ley de Amnistía del PSOE alegando que la calificación de las iniciativas por parte del servicio jurídico de la Cámara "no está pensada como una primera instancia judicial" y que la posible inconstitucionalidad de la amnistía "no se derivaría de una lectura directa de ningún precepto de la Constitución, sino de una interpretación de los mismos aplicados a la figura de la amnistía que debería llevar a cabo el Tribunal Constitucional" con una sentencia que "no se ha dictado aun".
Ni que decir tiene que tan falaz argumento haría tan innecesaria como indebida la potestad de los servicios jurídicos de la cámara de admitir o no a trámite una proposición de ley en relación a su constitucionalidad. Ese dictamen del servicio jurídico, aun no tratándose ciertamente de una instancia judicial, sí es un filtro que tiene por objetivo impedir la tramitación de proyectos o proposiciones de ley de clamorosa incompatibilidad con nuestra Ley de Leyes, tal y como ocurrió en 2021 cuando el Cuerpo de Letrados de las Cortes sí rechazó la admisión a trámite de la proposición de ley de amnistía presentada por las formaciones separatistas por suponer un indulto generalizado que "entraría en contradicción palmaria y evidente" con lo establecido en el articulo 62 de la Constitución. Ni que decir tiene que los letrados de la Cámara no explican por qué la amnistía requerida por los separatistas en 2021 era asimilable a un indulto general, expresamente prohibido por la Constitución, y, sin embargo, no lo es la amnistía presentada por el PSOE.
Si estos intentos de hacer pasar el pulpo como animal de compañía no hacen más que delatar el carácter político, que no técnico, de los letrados del Congreso nombrados por el PSOE y sus socios, más grave aun es la decisión de la Mesa del Congreso de admitir a trámite las comisiones de investigación que el PSOE pactó con los golpistas al constituirse la Cámara Baja con el objetivo de señalar a los jueces en la sede de la soberanía nacional y denunciar el supuesto lawfare (judicialización de la política contra los adversarios) y, de este modo, ampliar la lista de beneficiarios de la Ley de Amnistía.
Finalmente, la designación de Felix Bolaños como ministro de Justicia al tiempo que ministro de la Presidencia no viene sino a confirmar la determinación con la que este Gobierno se dispone a asaltar al Poder Judicial con la excusa de la renovación del Órgano de Gobierno de los Jueces. Su compromiso de "dialogar con todos, pero hacerlo todo" es un eufemismo para decir que la falta de acuerdo no será impedimento para que el Ejecutivo se haga con el control del CGPJ. A este respecto, téngase en cuenta que Bolaños ya desempeñó como ministro de la Presidencia un papel clave en el indulto a los golpistas del 1-O y en la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición y modificar el delito de malversación. Además, ha formado parte del equipo negociador del PSOE para sacar adelante los acuerdos con Junts y ERC que incluyen la amnistía.
Así las cosas, sólo cabe constatar que el cambio de régimen al que el PSOE de Sánchez ha dado luz verde para evitar la repetición electoral y un previsible cambio de gobierno, lejos de desacelerarse, prosigue su camino.