Este 2023 se nos va con una noticia previsible pero trágica: Sánchez ha entregado a la ETA la ciudad de Pamplona como futura capital de la Gran Euskalerría o Imperio Euskaldún, según el autorizado relincho de Asirón, un zangolotino que condenó el asesinato del concejal Tomás Caballero y nunca volvió a criticar a la banda terrorista, que es quien lo pone ahí. Ya fue un pésimo alcalde, pero en las dictaduras, y el País Vasco y Navarra lo son, no se discute la gestión, sino el poder, que allí, más que nunca está en la punta de las pistolas. Ya ni necesitan disparar… salvo que lo necesiten. En cuanto suelten al centenar de asesinos redomados que guarda y mima Marlaska, sobrarán voluntarios para pasar de nuevo a la acción en la nuca.
Disminuidos y discapacitados significan lo mismo
Pero el 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, compensó con una inocentada semántica la pena de ver cómo el Gobierno de España ha preparado una dictadura racista y comunista con sede en Pamplona, con un rápido acuerdo de Estado entre PP y PSOE. La Constitución dicta en uno de sus artículos la especial protección que merecen los disminuidos físicos y psicológicos y remite a las leyes ordinarias el desarrollo futuro de esa protección. La cosa está muy clara: hay gente con capacidades limitadas o que necesitan un trato especial para integrarse plenamente en los ámbitos legales, laborales o de cualquier otro tipo, y el Estado velará por ellas.
Sin embargo, Bolaños y Cuca, siempre ellos, presentaron de la mano, sonrientes, una reforma para eliminar el término disminuidos de nuestra Constitución y sustituirlo por discapacitados. Más exactamente, "personas con discapacidad", como pidió un grupo que opera con esa identificación. Pueden ir asesinos en las listas electorales, pueden los forajidos decretar una Ley de Amnistía para sí mismos, que pagarán votando al amnistiador. Pueden salir de la cárcel los violadores, destrozar los paisajes con las renovables, hundirse la capacidad adquisitiva de los salarios, consagrarse una España con ciudadanos de primera y siervos fiscales de segunda, hasta entregar toda la educación de analfabetos a la Generalidad catalana para asegurar la idiocia en dos idiomas y medio o dos medio idiomas mal aprendidos, como muestra el informe PISA. Todo eso, les da igual. Pero nada altera la voluntad golpista del Gobierno ni las ganas de la Oposición de hacernos creer y creerse que se puede pactar algo con el PSOE. Nada, salvo la precisión gramatical. Por ahí no pasan. Por la semántica, matan.
Veamos la redacción constitucional hasta la inocentada de 2023:
Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.
El gran pacto de Estado PP-PSOE resuelve el entuerto así:
Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.
Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.
¿Hay algún cambio? Ninguno. Disminuido y discapacitado son, en español, sinónimos. Un discapacitado tiene disminuidas unas facultades determinadas que precisan ayuda, si no, no haría falta una ley especial. Y un disminuido es el que tiene alguna discapacidad que limita su inserción social o cualquier otro desarrollo en su vida personal o familiar. En inglés será como sea, y en otros idiomas, no lo sé; en español, aunque sobornen a la Real Academia Española de la Lengua, significarán siempre lo mismo.
Eso en lo semántico, donde sorprende la eliminación del término sensorial, que se presta a recoger situaciones inhabituales y poco atendidas. En cambio, hay una morcilla digna del juez De Prada: "Fomentarán la participación de sus organizaciones en los términos que la Ley establezca". ¿Cómo que "sus"? ¿Es que los discapacitados nacen con su organización? ¿Se refieren a las ya existentes, que han impelido a PP y PSOE al pacto? ¿Y si quieren organizarse de otro modo? ¿En qué marco legal se moverían? Silencio absoluto. Opacidad total. ¿Para esto se cambia la Constitución?
Del Estado de las autonomías al de los chiringuitos
Estamos ante un paso más del Gobierno en la privatización, a través de los sindicatos, de la atención a los discapacitados. Un chiringuito más, y van miles, para la retórica buenista de Yoli Puñales. El Estado desaparece, como en Cataluña, sustituido por tinglados asociativos tan politizados como corrompidos. Y Sánchez tapará crímenes de Estado tan atroces como la entrega de Pamplona a la ETA con villancicos asistenciales. Pronto dirá, ahuecando la voz, como siempre que miente más de lo habitual, que por primera vez, gracias a Él, la Constitución reconoce los derechos de los discapacitados, digo, de personas con discapacidad, no vayan a pensar en lobos o bacterias. ¿Antes, no? No, porque les llamaba disminuidos. Ahora, sí. Ahora ya está todo bien. Los parados no encuentran trabajo pero son "fijos discontinuos". Vas a comparar.
El curioso lector se preguntará: ¿y qué hace ahí el PP? La respuesta es fácil: ¿acaso alguna vez la Oposición se ha resistido a tocar el violón? Pues ahí está, blanqueando al PSOE, que es el que necesita la foto. ¡Qué cruz! Aunque al lado del calvario que nos espera en 2024, una nadería.
¡A resistir! ¡Qué remedio! ¡Feliz Año Nuevo y maldito Año Viejo!