No les faltan razones al PP para alertar de las cesiones in extremis que pudiera hacer el gobierno de Pedro Sánchez a los golpistas de Puigdemont con tal de sacar adelante los decretos que se votan este miércoles en el Congreso. Y no lo decimos porque creamos que Sánchez a última hora vaya a acceder a la exigencia de Junts de multar a las empresas que no vuelvan a Cataluña tras haber huido de ella tras la declaración de independencia de 2017, sino porque nuestro nihilista presidente del gobierno bien es capaz de ofrecerle algo solo aparentemente menos criticable desde el respeto a la libertad de empresa y el libre movimiento de bienes, personas y capitales como sería la bonificación con dinero de todos los contribuyentes a esas empresas que decidan regresar a Cataluña. Esto es, de hecho, lo que el gobierno se ha avenido a negociar en las últimas horas como si hacer pagar a todos los contribuyentes españoles el incentivo a las empresas catalanas para que vuelvan a Cataluña fuese algo más legal o más decente que hacer pagar a las empresas catalanas la multa por no querer volver a esa región devastada por los nacionalistas tanto en el ámbito fiscal como en el ámbito de la seguridad jurídica.
Aun así, está por ver que esta maniobra propia de trileros sirva para satisfacer a Junts; entre otras cosas, porque la negativa de Puigdemont a respaldar los tres decretos del Gobierno no sólo se basa en la negativa del gobierno a multar a las empresas que no quieran volver a Cataluña, sino también por el rechazo que alguno de esos decretos provoca en los golpistas, tal y como sucede con el Real Decreto-Ley, de 19 de diciembre de 2023, cuyo articulo 103 modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en concreto, reconoce la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para suspender actuaciones y procedimientos judiciales si un juez o tribunal español plantea una cuestión prejudicial, al entender que una norma es contraria al derecho comunitario.
Lo que sí ya se puede denunciar y criticar, con independencia de que sirva o no para satisfacer a Junts, es que el gobierno pretenda hacernos creer que la bonificación de empresas con dinero del contribuyente, en función de si deciden volver a instalarse en Cataluña, es algo muy distinto desde el punto de la libre competencia y de la libertad de movimientos de capitales que la multa a los empresas que no se avengan a ubicarse donde el gobierno les diga. ¿Por qué han de pagar, entre otros, los contribuyentes madrileños o valencianos las bonificaciones para que las empresas que se instalaron en ambas comunidades en 2017 huyendo de la Cataluña secesionista abandonen ahora la Comunidad de Madrid o la Valenciana para regresar a Cataluña?
Si los nacionalistas quieren que las empresas vuelvan a Cataluña —o atraer a otras—, que dejen de hacer lo que a esas empresas les hizo huir. Que se dejen de ruinosos, liberticidas e ilegales procesos de independencia a los que les ha llevado sus delirios identitarios; que hagan de Cataluña el destino más favorable de España desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de la seguridad jurídica.
Lo que es evidente es que Sánchez, con tal de mantenerse en el poder, es capaz de negar a los separatistas con una mano lo que, bajo manga o de forma maquillada, les concede con la otra. Y es que no nos engañemos, pueda o no finalmente Sánchez sacar adelante este miércoles sus decretos-leyes en el Congreso, quienes no tendrán salvación y estarán perdidos mientras siga de presidente de gobierno son todos los españoles, incluidos los catalanes.