Tal y como advertíamos en nuestro anterior editorial, al PP no le faltaba razón cuando alertaba este martes de las cesiones in extremis que pudiera hacer Sánchez a los golpistas de Puigdemont con tal de sacar adelante los tres decretos leyes que se votaban este miércoles. Y no porque creyéramos, como el PP, que Sánchez finalmente accedería a que se pudiera multar a las empresas que no regresen a Cataluña tras haber huido de ella tras la declaración de independencia de 2017, sino porque nuestro nihilista presidente del gobierno bien era capaz de ofrecerle algo sólo aparentemente menos ilegal y contrario a la libertad de empresa y al libre movimiento de capitales, como sería la bonificación a esas empresas con cargo al contribuyente. También veíamos a Sánchez capaz de erradicar del decreto ley 19 de diciembre todo aquello que molestaba a los de Puigdemont, como era el reconocimiento de algo que era previo y que perdurará mientras España pertenezca a la UE, como es la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de suspender actuaciones y procedimientos judiciales si un juez o tribunal español plantea una cuestión prejudicial, al entender que una norma es contraria al derecho comunitario.
Pues bien. Este miércoles, a cambio de que los de Puigdemont no votasen en contra de sus tres decretos leyes, el gobierno no sólo ha accedido a erradicar el articulo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil que venía a introducir el artículo 103 del Decreto de 19 de diciembre de 2023, sino que ha concedido el "impulso" (léase bonificación a cargo del contribuyente) a las empresas que regresen a Cataluña. Es más. Sánchez finalmente ha accedido también a ceder a la Generalidad el control total de las políticas de inmigración, la publicación inmediata de las balanzas fiscales, la asunción total por parte del Estado de las subvenciones al transporte público o el reconocimiento de los "derechos históricos" del régimen local catalán. A cambio, los de Junts, más que abstenerse, se han ausentado de la votación, lo que ha permitido al gobierno salvar, por la mínima y en el ultimo momento, dos de sus tres decretos, los conocidos como "ómnibus" y "plan anticrisis".
Si el gobierno no ha podido sacar adelante también el tercer decreto-ley —el que afectaba al ministerio de Trabajo dirigida por Yolanda Diaz— es porque sus compañeros de Podemos han votado en contra, junto a PP, Vox y UPN, como venganza por el ninguneo al que Sumar les está sometiendo,
Hemos de advertir, no obstante, que el articulo 43.bis de la ley de enjuiciamiento civil, que el gobierno de Sánchez ha accedido a retirar para contentar a Junts, no venía a instaurar sino meramente a reconocer algo que jurídicamente ya estaba, está y seguirá estando establecido como es la capacidad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la hora de paralizar la aplicación de una ley —incluida una ley de amnistía— si un juez o tribunal español le plantea una cuestión prejudicial al entender que es contraria al derecho comunitario. En este sentido, es radicalmente falso que esta cesión a Junts en la ley de enjuiciamiento civil venga a blindar la aplicación de ley de amnistía frente a lo que pueda dictaminar respecto a ella en el futuro el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aun así, la retirada de ese artículo, supone una indecente cesión a los golpistas y un innegable triunfo político de Puigdemont por mucho que no sea jurídicamente transcendente.
Otro tanto se puede advertir respecto al decreto impulsado por Yolanda Diaz que no ha podido ser aprobado por la oposición de sus excompañeros de Podemos. Y es que la propia Belarra se ha mostrado dispuesta a renegociar dicho decreto en el Consejo de Ministros y aprobarlo más adelante.
Lo que es evidente es que el más claro vencedor de esta surrealista y caótica votación parlamentaria es Puigdemont, cuyo partido no ha participado en ella, mientras Sánchez aparece como un dirigente sin mayorías ni principios estables, pero capaz de soportar cualquier humillación y de hacer cualquier concesión, con tal de seguir en la poltrona.