Las graves heridas sufridas por dos agentes de la Policía Nacional durante las violentas protestas convocadas por el Tsunami Democràtic en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo son causa más que suficiente para imputar a los procesados, entre los que se encuentran los prófugos Carles Puigdemont y Marta Rovira, un delito de terrorismo. Así consta en un auto emitido por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en respuesta a los recursos de dos de los procesados contra la personación de los agentes heridos, que fueron dados de baja de la Policía por la naturaleza invalidante de por vida de sus lesiones.
Según esos recursos, los agentes habrían sido heridos por miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) en el marco de unas protestas ajenas al Tsunami Democràtic, pero el magistrado entiende que el Tsunami no fue un "invitado de piedra" y advierte que "no puede minimizarse esta acción ni el resultado grave que ocasionó, incompatible con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución Española, y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y del que podrían ser partícipes los investigados".
La resolución del juez desactiva por completo los intentos del PSOE y sus socios separatistas de amparar en su proposición de ley de amnistía a los procesados por el caso Tsunami sobre la base de un supuesto e imaginativo terrorismo "light" que no vulneraría los derechos humanos. La pretensión de retorcer el derecho para encajar el caso de los promotores del Tsunami en la amnistía ha embarrancado a las pocas horas de haberse presentado una enmienda que pone de relieve la obscena manipulación del término terrorismo a fin de que Puigdemont y Rovira se puedan beneficiar a la amnistía.
El Tsunami Democràtic fue la respuesta organizada por las fuerzas separatistas (partidos y entidades) para tratar de reactivar el golpe de Estado. "Pensábamos que la sentencia era el final de un movimiento y ha sido su reinicio", proclamaron los instigadores del Tsunami. Hay que recordar que falleció un ciudadano francés a causa de un infarto en el Aeropuerto de Barcelona tomado al asalto por los manifestantes separatistas, así como el caso de los agentes de la Policía Nacional que a día de hoy sufren las secuelas de ese "reinicio".
Las principales ciudades de Cataluña fueron pasto de unas algaradas que alcanzaron cotas de violencia extrema mientras las autoridades autonómicas consideraban los disturbios como una respuesta "lógica" y "proporcionada" a la sentencia del Tribunal Supremo sobre la asonada de otoño del 17. Llegaron incluso a glosar en términos épicos el asalto del Aeropuerto y lo que llamaron la "batalla de Urquinaona", a pesar de las consecuencias trágicas de esos hechos. Ahora, en cambio, se desentienden de aquel Tsunami y tratan de rebajar la cuestión a un simple ejercicio del derecho de manifestación.
Pero el argumentario de los abogados separatistas no tiene nada que ver con lo que ocurrió en aquellos días de octubre de 2019, fecha en la que el propio Pedro Sánchez viajó a Barcelona envuelto en unas medidas de seguridad a las que no habría tenido que recurrir si lo que pasaba en Cataluña no pudiera calificarse de terrorismo.
No es previsible que el Gobierno y los partidos separatistas se queden de brazos cruzados ante el importante traspiés que supone el último auto del juez García-Castellón, quien está siendo objeto de numerosos ataques y descalificaciones cuyo único propósito es desacreditar la instrucción del sumario del Tsunami y facilitar la tramitación de la amnistía por aplastamiento de la justicia, la ley y la separación de poderes.