Este próximo sábado día 3 de febrero se manifestarán en Madrid miles de abogados y procuradores del movimiento J2 (JodiDos) que ya saben que, si se jubilan, las pensiones mensuales que cobrarán se situarán entre los 200 y 300 euros –la mitad de la ayuda social básica para parados de larga duración— sin poder aspirar a otro tipo de ingresos tras haber cotizado decenas de años en su Mutualidad, 40 y más en bastantes casos.
No, no estamos hablando de abogados poderosos y ricos de grandes despachos de influencias varias que llevan casos en los que los euros circulan a la velocidad de la luz. No. Estamos hablando de los abogados y procuradores de a pie que nos tramitan los apremios cotidianos a los ciudadanos españoles, desde la regulación de las herencias, de las hipotecas, de fraudes inesperados, de ocupación ilegal de viviendas, de reclamaciones varias a los conflictos de intereses en empresas, contratos, despidos, matrimonios, divorcios, testamentos, demandas ante las instituciones, gestiones de multas, accidentes, robos, seguros…
Son ellos los profesionales que trabajan para resolvernos los litigios, por la vía judicial civil, penal o administrativa, o por la vía de la mediación, para que la paz civil sea un hecho y el Estado de Derecho funcione en la práctica. Y además, hacen turnos de oficio y/o guardias voluntarias de 24 horas cuya retribución apenas supera los 200 euros. Y el seguro médico, privado, se lo pagan ellos.
Ahora hagamos un ejercicio para ponernos en el pellejo de estos miles de hombres y mujeres. Sólo la Mutualidad de la Abogacía tiene datos ciertos de cuántos son. En España hay 83 colegios de abogados, 10 Consejos Autonómicos, 242.469 colegiaciones si bien en activo aparecen sólo 149.529 abogados de los que 42.450 asisten en los turnos de oficio y guardias a los menos favorecidos. Se ha cifrado la cantidad de abogados mutualistas en 70.000 y en más de 11.000 los mutualistas procuradores.
Pongamos por caso el de una mujer, abogada ejerciente en un despacho propio que está a punto de cumplir los 65 años, fecha aproximada de referencia para la jubilación. Está cotizando a la Mutualidad desde hace 40 años la cantidad que se le exigió para garantizarle una pensión digna. Pero el año pasado comenzó a circular el rumor de que en ningún caso la cantidad a percibir sería superior a los 700 euros al mes. A lo largo de los últimos doce meses, el importe supuesto de la pensión ha descendido primero a los 500 euros y finalmente, hasta menos de 300. La desesperación es absoluta.
Imagínense con 65 años, jubilada y con unos ingresos inferiores a 300 euros al mes para sobrevivir. De hecho, es algo que ya les pasa a muchos abogados que guardan silencio por vergüenza pero a los que se les ha visto en las colas de Cáritas y tienen que vender el patrimonio fruto de su trabajo para poder sobrevivir. ¿Qué es lo que ha pasado aquí, cuando la pensión máxima de jubilación de la Seguridad Social es superior a los 2.400 euros por 14 mensualidades, la pensión media de jubilación se sitúa en torno los 1.450 euros por 14 mensualidades y la pensión mínima del mismo rango es de 1.033 euros? ¿Qué clase de gestión se ha hecho?
Es más, es que las pensiones no contributivas del sistema de la Seguridad Social de invalidez y jubilación, esto es, pensiones que se conceden a personas que jamás han puesto un euro para asegurarlas, tendrán un importe anual de 7.250,60 euros, esto, es 517 euros al mes en catorce pagas, alrededor del doble de lo que van a cobrar todos los abogados de su Mutualidad. Confiaron en las afirmaciones de sus gestores que dijeron que era mucho mejor su sistema que el sistema de la Seguridad Social y su régimen de autónomos.
Más grave aún es la cosa cuando se certifica que en 1995, los trabajadores autónomos se integraron legalmente en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). En el caso de los abogados, procuradores y otros autónomos de colegiación forzosa adscritos a Mutualidades donde se gestionaban sus pensiones futuras desde 1948, podían seguir, si querían, bajo ese mismo régimen. Fueron muchos miles los que se mantuvieron en sus Mutualidades a las que habían cotizado ya importantes cantidades de dinero. Se les insinuó, con la complicidad de no pocos Colegios de Abogados, que no podrían recuperarlas si se pasaban al sistema público del RETA.
Las dudas han surgido acerca de la gestión de las Mutualidades que introdujeron cambios en el sistema inicial sin suficiente información de sus consecuencias a los mutualistas. Parece como si obstruyeran el paso al RETA del mismo modo que ya lo hicieron en 1995. Tampoco está clara por qué la resistencia a devolver a cada mutualista el importe de su aportación acumulada si el sistema de capitalización es individual. Aún hoy no lo hacen.
Atrapados en un sistema confuso y sospechoso que algunos han llamado "telaraña", abogados y procuradores saldrán a la calle este próximo sábado 3 de febrero para que los Ministerios de Hacienda, Trabajo y Justicia garanticen una salida a miles de personas que lo que quieren es que se tengan en cuenta, además, sus servicios al Estado bajo la forma de justicia gratuita que no se consideran, a pesar de lo exiguas que son, retributivas sino indemnizatorias. O sea, inútiles a efectos de pensión.
Ni siquiera aspiran ya a la pensión media de jubilación nacional, pero, al menos, aportando al RETA todo el dinero acumulado de sus cotizaciones en sus Mutualidades, no quieren quedar por debajo de la pensión mínima de cualquier trabajador autónomo. Han sido víctimas de una canallada que debe investigarse, pero, ¿debe consentirse que nuestros abogados y procuradores, a los que se animó a permanecer en sus Mutualidades, vivan una vejez precaria e incluso menesterosa? Para miles de abogados y procuradores se trata de no poder jubilarse nunca o resignarse a cobrar pensiones de miseria. Una tragedia cuyas causas deben ser investigadas hasta el fin. Y, desde luego, alguna solución hay que forzar. Día 3 de febrero, Madrid, 11,30 horas en las Mutuas respectivas para confluir en el Congreso de los Diputados.