Avanza el año revolucionario de 2024 con una declaración sin tapujos de presidente perdedor en defensa de los prófugos y expresidiarios que le permiten, de momento, seguir en el poder, no gobernar:
Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley y o estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas.
Dice también que la amnistía la desea la "amplia mayoría de la sociedad que más ha sufrido la crisis territorial de 2017, que es la sociedad catalana". Va más allá: "voten lo que voten, mayoritariamente la sociedad catalana está preparada para este reencuentro total". Independentismo sin rebelión, sin secesión, sin terrorismo y sin traición.
Lo dice el presidente del Gobierno que depende de que eso sea así para no salir de La Moncloa. Él es capaz de demostrarlo. De hecho, de provocarlo. La verdad es la realidad "y así lo van a concluir los jueces". ¡Ay de ellos si no!
Jueces perseguidos, Puigdemov y la imposible negociación
Pedro Sánchez sólo propone la amnistía porque le faltan siete votos para seguir en el poder. De igual manera, su exigencia de renovación del CGPJ sólo persigue engordar la cuota izquierdista que le correspondería y allanar el golpismo a su favor. Tiene la Fiscalía y el Constitucional, que no está mal, pero necesita el control absoluto. Esteban González Pons y Didier Reynders no deberían desguarnecer la única puerta que está conteniendo el asalto completo al sistema democrático.
No es momento de pactar cambio alguno, sólo debe ser posible revertir el sistema actual y volver al espíritu constitucional (antes de 1985) por el que los jueces eligen a los jueces. ¿Cómo va a pactar el PP cosa alguna sobre Justicia con un partido que dice saber lo que van a concluir los tribunales sobre el terrorismo? ¿Cómo es posible sentarse a una mesa de negociación con un tipo, Félix Bolaños, que representa a los tres poderes en un alarde de autoritarismo sin precedentes?
El resumen es fácil: es intolerable que se reclame una renovación del CGPJ mientras se acosa ostensiblemente a los jueces diciendo sus nombres y apellidos desde la tribuna del Congreso.
Por otra parte, se va documentando que Cataluña iba camino de ser una república soviética. Como las antiguas Estonia, Lituania, Letonia… y Catalonia. ‘Puigdemov’ iba a reconocer Crimea como rusa y después toda Ucrania, claro. A cambio desembarcarían en el Puerto de Barcelona, o directamente en el Prat, los Diez Mil Hijos de Putin, soldados del Kremlin para defender la causa indepe. La estelada vermella, más de ERC que de Junts, cobraría todo el sentido y hasta le quedaría bien al fugado estampada en esa frente suya que parece el tradicional y peludo ushanka, tan práctico contra el gélido invierno ruso.
Para costear la operación y sanear el régimen de Putin, la república catalana sería también paraíso fiscal de criptomonedas rusas. Y, de propina, Alexei Navalny debía ser considerado un personaje despreciable merecedor del Gulag. No es otra ensoñación rebelde, es el caso Voloh, un resumen perfecto de lo que significa el delito de traición según recoge nuestro ordenamiento jurídico, con gran detalle en el Título XXIII del Código Penal.
Junts y el Kremlin negociaron eso y quizá más en octubre de 2017. Lo hicieron el propio ‘Puigdemov’ y el diplomático Nikolai Sadovnikov, un personaje muy cercano al ministro Serguei Lavrov, el que habló de tercera guerra mundial al inicio de la invasión de Ucrania. A ver si nuestro Carles va a tener también las manos manchadas de sangre ucraniana.
Así que la traición, como la rebelión, la secesión y el terrorismo, corre el riesgo de desaparecer ante nuestros ojos. Que alguien se lo diga a Reynders.
De Forcadell a Armengol, el secuestro legislativo
Al golpe judicial se sumará en breve el legislativo, que perpetrarán Francina Armengol y el letrado ad hoc Fernando Galindo. Nos espera una algarada similar a la que sucedió en los prolegómenos del golpe del 1 de octubre de 2017, todavía con Inés Arrimadas en el Parlamento regional catalán.
Sucedió el 6 y 7 de septiembre cuando se aprobaron las que llamaron "leyes de desconexión", la de referéndum y la de transitoriedad, cambiando el orden del día y eliminando todo trámite parlamentario en lo que fue un auténtico secuestro de la cámara. Fue el primer acto claro y organizado del golpe separatista.
Siete años después, el mismo PSOE que recurrió aquel atropello pretende colar en el Congreso de los Diputados una Ley de Amnistía, el borrado de todo lo sucedido, con las mismas formas de entonces. Armengol toma el testigo de Carme Forcadell y pretende que lo que ha fracasado en votos se vuelva a considerar en la comisión de Justicia. PP y Vox han presentado escritos para frenar la tropelía pero la Mesa favorece a los instigadores y el informe del letrado mayor Fernando Galindo no se espera precisamente crítico.
Dicen en el PP y Vox, sin mirarse, que recurrirán en amparo al TC (Tribunal Cándido) si por la vía normativa del Congreso les pisotean como ocurrió en Cataluña en 2017. Descontemos ya el episodio porque sucederá, como entonces, lo que menos convenga a la democracia.
Hay muchos culpables de los graves problemas de España. Directos, indirectos, pasados y presentes. Pero hay dos que lo resumen todo en su infinito egoísmo: Sánchez, que no quiere salir del Gobierno aunque no tenga votos para quedarse, y Puigdemont, que quiere entrar en España pero se lo impiden sus delitos. Están abrazados al borde del abismo. Pero ninguno ha de salvarse aunque consiguiera empujar al otro al vacío. Ya se han dicho y hecho demasiadas barbaridades intolerables en cualquier democracia. Sánchez necesita hasta su propia amnistía. Los jueces deben impedirlo.