Se supone que quien ostenta, como fiscal general del Estado, la jefatura superior y representación de un órgano que tiene constitucionalmente encomendada la promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de la independencia de los tribunales (articulo 124 CE) debía ser el primer interesado en que ningún prófugo de la justicia eludiera el peso de la ley o en investigar cualquier indicio de delito nuevo que pudiera hallarse contra él. Sin embargo, Álvaro García Ortiz ha demostrado desde su nombramiento estar más interesado en la promoción de los intereses políticos del gobierno que lo nombró para el cargo —contra el criterio del CGPJ— que en velar por que ningún delito quede impune. Y si el interés político de Pedro Sánchez pasa por blindar la impunidad de los golpistas catalanes —empezando pro el prófugo Puigdemont— , ahí ha estado García Ortiz no sólo guardando silencio sino incluso bloqueando un informe sobre la amnistía requerido por el Senado. Su pasividad en la defensa del Estado de Derecho, la efectiva separación de poderes y la independencia del Ministerio Fiscal ya fue motivo para que la Asociación de Fiscales solicitara hace meses su dimisión.
Ahora se ha sabido que Álvaro Redondo, fiscal del Tribunal Supremo, en su primer informe sobre el caso de Tsunami Democràtic, instaba a abrir una causa contra Puigdemont por un delito de terrorismo, tal y como insta el juez García-Castellón. Sin embargo, bastó que Redondo se entrevistara con su superior jerárquico, es decir García Ortiz, para cambiar completamente de criterio en el plazo de 72 horas y elaborar un segundo informe contrario a la implicación de Puigdemont.
El asunto es tan sumamente escandaloso que la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo ha acordado este martes por amplísima mayoría que se debe investigar al golpista prófugo por terrorismo. La mayoría considera que la Sala de lo Penal que preside Manuel Marchena es competente para investigar al prófugo por terrorismo por el caso Tsunami. Una abrumadora mayoría de fiscales han apoyado así la exposición razonada por el juez de Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón.
Así las cosas, lo que ha hecho Redondo es pasar el caso a la mano derecha del fiscal general, Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo, que, con toda seguridad, rechazara la investigación a Puigdemont.
Visto lo visto, y teniendo el gobierno a la fiscalía tan clamorosamente a su dictado, nadie debe descartar que el próximo paso del Ministerio Fiscal sea no ver tampoco indicio de delito alguno en Puigdemont por su relación en las conexiones del separatismo catalán con Moscú, delito de traición que, como el de terrorismo, no cubre la ley de amnistía elaborado por el gobierno.
En conclusión: nuestras esperanzas para ver el fin de toda esta degradación institucional en beneficio de unos golpistas cuyo apoyo necesita Sánchez para seguir en el gobierno sigue siendo nuestra pertenencia a la Unión Europea. Este martes, la Comisión Europea ha considerado un "deber" investigar las conexiones de Putin en el golpe de estado perpetrado en Cataluña. Aferrémonos a eso, porque Sánchez va a seguir al coste que sea.