Es natural que un gobierno cuyos componentes, PSOE y Podemos-Sumar, pertenecen al cartel de Puebla, no haga nada contra el narcotráfico. Al fin y al cabo, la cocaína que llega a Algeciras viene de Colombia y Venezuela, países fundamentales de esa Komintern de la Coca. Sin embargo, lo que ni siquiera en Colombia ha sucedido es que se deje a la policía rural, aquí la Guardia Civil, sin medios materiales no ya para poder perseguir el crimen, como debería ocurrir, sino, al menos, para defenderse.
Los asesinatos de Barbate, jaleados desde el muelle por una escoria humana acostumbrada a la impunidad de los narcos y a los que la Fiscalía, si sirviera para algo decente, debería perseguir por su complicidad en el delito, han causado consternación en los españoles, aunque menos que enterarse de las penosísimas condiciones en que les obligan a vivir, es decir, a morir, a nuestros agentes el infame ministro del Interior, Marlaska, y su amo Sánchez. Mientras se derrocha el dinero en toda clase de mamarrachadas contra el cambio climático, que evidentemente no está al alcance del hombre ni frenarlo, ni revertirlo, los guardias civiles tienen que luchar contra las poderosas narcolanchas con unas modestas lanchitas, y hasta se pagan ellos los chalecos salvavidas. Hay dinero para la secta de los Goya, pero no para proteger la vida de los que nos protegen; la policía y la guardia civil.
La víspera del crimen, Marlaska negaba cualquier ayuda
Entregado al cuidado y engorde de etarras, y no para su sacrificio, el juez mutante en lo más parecido a un delincuente se negó sólo unos días antes del horroroso crimen a reconocer cualquier tipo de carencia material, y hasta presumió, después de habar disuelto la unidad que coordinaba la lucha contra el narcotráfico, de que la seguridad en la zona estaba más que asegurada. La seguridad de los criminales, sin duda, ya lo hemos visto. La de los que luchan contra ellos, en absoluto, como hemos visto también. La verdad es que no se sabe qué resulta más repugnante en los pomposos, vacuos y flatulentos discursos de Marlaska: su incompetencia o su fatuidad.
Hacienda ha recaudado más que nunca en los últimos ejercicios. Pero mientras se sube por tercera vez el sueldo a los funcionarios en general, a los funcionarios particularmente necesitados, que son los que forman parte de las fuerzas del orden no se les hace el menor caso. Se ve que el Cartel de Puebla considera de mal gusto obstaculizar su lujoso modo de vida, que es el tráfico de drogas, y Marlaska no quiere molestar a ese sanedrín del delito comunista en el que militan Zapatero, Yolanda, Irene Montero o Sánchez. No pertenece a esa masonería roja por fuera y blanca por dentro el ministro del Interior, pero la sirve como si perteneciera. La zona más vulnerable de España en lo que al narcotráfico se refiere es el área del Estrecho. Y las quejas de los que allí deben enfrentarse a un enemigo tan poderoso son tan continuas como desoídas. Los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil llevan años y años pidiendo medios suficientes para cumplir la misión que el Estado les encomienda, pero el Gobierno de turno no les hace ni caso. Y este Gobierno en concreto parece disfrutar humillándolos.
La desatención material refleja una total indiferencia política, que a su vez tiene sus raíces en la ideología progre, feroz enemiga del tabaco, pero devota de la religión del porro, cuyas cualidades benéficas predica, por más que resulte contradictorio y estúpido. ¿Es que la marihuana, que se empeñan en llamar medicinal, no estropea los pulmones y las arterias? Las plantaciones clandestinas y toleradas están ya tan mezcladas que no se sabe si son una cosa u otra. Y como se demuestra en el caso de Barbate, no hay forma de separar el tráfico ilegal de marihuana, el de cocaína, el de heroína, los opiáceos, las drogas de diseño o el temible fentanilo, que ha sembrado de zombis las principales ciudades norteamericanas y empieza a venderse en Europa, proveniente del Este y con Barcelona como estanco predilecto. Los okupas allí son inqui-okupas que se instalan en narcopisos. Pronto, los muertos vivientes del fentanilo invadirán las Ramblas, y a ver a quién le echan la culpa en Cataluña, porque con Sánchez en Madrid, les cuesta más.
Hay que cambiar de raíz la política sobre las drogas
La tolerancia, no exenta de corrupción política y administrativa, que la Unión Europea ha mantenido sobre las drogas, ha producido una subida brutal de la inseguridad ciudadana, hasta el punto de hacer invivibles países tan supuestamente avanzados, democráticos, modelos de respeto al Estado de Derecho, como Suecia, los Países Bajos o Bélgica, entre muchos otros.
Ya nos hemos referido alguna vez al escándalo de que la heredera del trono de los Países Bajos tenga que vivir en Madrid, porque allí no puede ir a la Universidad. Los diputados holandeses -no sé el gentilicio nuevo, será peor- tampoco van ya al Parlamento o la oficina en bicicleta. Ochenta de ciento veinte, aproximadamente, necesitan protección personal y familiar las veinticuatro horas del día. La mocromafia, que desde los puertos de Rotterdam y Amsterdam reina en el país, está estrechamente ligada a Putin, y se le ha atribuido la orden de asesinar a Vidal Quadras.
En Suecia, el nuevo Gobierno ha emprendido una reforma constitucional que durará casi dos años y que limitará los beneficios del Estado de Derecho para los delincuentes, a los que les sobra para abogados el dinero que, también allí, le falta a la policía. Dinamarca ha decidido destruir los grandes edificios de viviendas sociales, porque son, sin duda, guaridas del narco en las no entra la policía. Eso ha pasado en cincuenta distritos de Suecia, en la que la desmoralización de los policías es tal que sólo uno de cada tres quiere seguir en el cuerpo. Y Bélgica, todavía peor. Del Moellenbek salen los islamistas a matar en París y vuelven a casa tan tranquilos. Allí, pero también en Cataluña, se casa a menores con ancianos, reina la sharía y la policía no osa molestar la diversidad multicultural que tan bien viene a los islamistas, los narcos, y los traficantes de humanos.
Inmigración ilegal y narcotráfico
El tráfico de inmigrantes ilegales es la vía más segura para el tráfico de drogas. Instalados en un entorno delictivo, nada les pueden negar a las mafias que, en el país de origen, tienen a sus familiares como rehenes. Y con Marlaska y Sánchez, el tráfico de inmigrantes ilegales ha encontrado en España el último y trascendental eslabón de su infame negocio.
Gracias al voto de Coalición Canaria, de inmediato traicionado por Sánchez, Marlaska suelta, como si de lobos se tratara, a miles y miles de ilegales africanos por todas las ciudades, grandes y chicas, de la Península. Por supuesto, eso no impide que muchos se escaqueen y se queden en Canarias, pero unos y otros están a merced de quienes los han traído, que suelen ser socios del narcotráfico. Soltar sin control a esos ilegales es como si a los traficantes de heroína el Gobierno les habilitara el Servicio de Salud para repartir papelinas. Y eso está sucediendo ante nuestros ojos.
El crimen de Barbate ha sido, ojalá llegue a serlo, un aldabonazo en la conciencia de la sociedad española, que debe darse cuenta del terrible problema que el propio Estado está incubando. Para cuando llegue, como está llegando en toda Europa, la reacción política, será demasiado tarde.