El estado de excepción, vigente con uno u otro nombre en casi todos los regímenes políticos, supone la suspensión temporal de ciertas garantías legales en circunstancias excepcionales. Puede llegar a la suspensión total de la legalidad mientras no se resuelva una situación de guerra o caos. Y lo que diferencia a unos regímenes de otros es qué se define como guerra o caos. La Patriot Act y las leyes antiterroristas tras el 11-S son una forma de estado de excepción, como la Ley Rico contra la Mafia, pero el modelo es el bimilenario de Roma, en la que el Senado votaba a un dictador por dos años para acabar con un peligro mortal para la República.
En los últimos años del franquismo, viví los estados de excepción que el régimen declaró contra el terrorismo, las huelgas obreras y los disturbios estudiantiles, y lo fundamental es que daban a la policía política (la Brigada Político-Social) más días para el "hábil interrogatorio", a menudo tortura, de los detenidos. La apabullante presencia policial en calles y plazas recordaba su vigencia.
La toma policial de los juzgados y la traición de la decana al juez Peinado
La víspera de la declaración en los juzgados de la Plaza de Castilla de la imputada Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, la decana de los jueces María Jesús del Barco, presidenta de la APM, asociación mayoritaria de los jueces, de tendencia conservadora, accedió al trato de favor pedido por la Moncloa para la señora de Sánchez: entrar al juzgado por el garaje con la excusa de que su seguridad corría peligro.
Desde que fue llamada a declarar, se habían vertido las calumnias más groseras contra el juez Peinado por parte del Gobierno del marido de la imputada y medios afines, así que conceder un privilegio que se negó a la infanta Cristina y a Rajoy, equivalía a aceptar que Peinado ponía en riesgo la seguridad y, de paso, los derechos de Gómez. Su abogado, su marido y los medios afines insistían en que "no sabía de qué se le acusaba". Y eso, tácitamente, lo refrendaba la decana, privando de la invocada tranquilidad al juez.
Pero a partir de esa rendición, porque no hay otra forma de llamarla, se produjeron otras formas de alarde de Poder por parte de Sánchez. Ya lo era lograr ese trato de favor, y lo siguió demostrando la mañana siguiente, la de la declaración, con una serie de alardes ilegales o insólitos, que, de paso, dejaron en ridículo a la decana y a Camacho, el abogado de Begoña.
El alarde del poder del viernes era innecesario tras el del jueves. Si ya tenía la entrada por el garaje, ¿para qué ordenó Sánchez tomar la Plaza de Castilla con 200 policías, 25 furgonetas, un helicóptero y varios drones? Y viceversa: ¿para qué concedió trato de favor la decana Del Barco a una persona sin cargo oficial, si su seguridad se iba a asegurar en la plaza? O sobró el garaje o sobró la toma policial de la Plaza que nunca pisó Begoña. Pero, en realidad, ninguno de esos dos alardes sobraba. Lo que se quería demostrar era quién tenía el Poder por encima de jueces y leyes. Y nada lo demostró mejor que someter a la Decana hasta otorgar un trato de favor que se despreció; para luego, tomar militarmente esa plaza que Begoña no pisó. Lo que crea más terror es un atentado que no discrimine entre las víctimas. La sensación de indefensión es mayor ante gestos de poder innecesarios.
Toda esa exhibición de poder para, al final, no declarar
Que la sumisión de la decana y la toma dictatorial de la plaza eran puro teatro lo demostró poco después Camacho, abogado de Begoña, que, alegando un detalle de procedimiento —que no les habían notificado los datos de ampliación de querella por parte de la acusación de Hazte Oír—, la proclamó indefensa, y negó en su nombre la declaración. Técnicamente, la excusa era real, aunque podían haber pedido ese documento al no recibirlo. Sin embargo, esperaron para reclamarlo a que el juez rechazara la petición previa del abogado: que en la sesión sólo se grabara la voz, no la imagen de Begoña. Otro trato de favor, que, en este caso, el juez se negó a aceptar.
Pero, si no iba a declarar, ¿para qué el número de entrar por el garaje y la toma manu militari de la plaza de Castilla? Y, si entraba por el garaje, ¿por qué echar, como echaron abruptamente, a los periodistas de la puerta de los juzgados, si no iba a pasar la presidenta, como la llama Patxi López? ¿Y por qué pidieron la identificación de los periodistas en plena calle, algo nunca visto, y sin duda ilegal? ¿Sólo para remachar su capacidad de abuso?
Lo más escandaloso, y prueba que el estado de excepción contra la Justicia va en serio, fue la actuación delictiva o delictuosa, de los ministros Marlaska y Bolaños acusando claramente de prevaricación al juez Peinado. Marlaska repitió la trola de que no hay nada de nada y que se trataba de una investigación prospectiva, cuando en realidad prospectiva era su calumnia contra el juez. Y le hizo eco Bolaños, ministro de Justicia, repitiendo que la pobre Begoña no sabe de qué se le acusa. Y si no sabe de qué se le acusa, ¿de qué se declara inocente? No se puede a la vez desconocer una acusación y desmentirla. ¡Claro que sabe de qué se le acusa! Pero se cree por encima de la Ley y entre ella y su marido, eso lo están demostrando sobradamente.
¿Prepara la derecha judicial los nombramientos consensuados?
Hay otro enigma: Sánchez declaró el viernes el estado de excepción contra la Justicia, pero el jueves ya lo había aceptado un poderoso sector de la judicatura, el de la APM que preside Del Barrio. ¿Por qué? Pues, tal vez, porque, ideologías aparte, ya se toman posiciones ante los nombramientos que, por mayoría de dos tercios, harán PP y PSOE. Y si una magistrada de Derecha le hace un favor a la Izquierda, ¿no la votarán ambas? El egoísmo, al menos, sería argumento más serio que la cobardía o la estupidez, aunque el efecto en la opinión pública es igualmente devastador. Pero estamos ante un proceso en que lo cercano cede ante lo urgente, que para la Izquierda es evitar la condena ante la opinión pública de Begoña, es decir, de Sánchez.
Pero, mientras dure la instrucción de este caso, la banda de Sánchez embarrará el terreno, deslegitimará al juez y buscará crear una impresión de tensión en las calles, como si el número de la policía de Marlaska fuera culpa de jueces malignos, medios corruptos y partidos ultrafascistas. Por eso, Camacho, ministro de Interior antes que defensor de socialistas poco amigos de la Ley, también intentó evitar la declaración posterior a la de Begoña del rector de la Complutense alegando indefensión. Como no había excusa técnica, se le negó, y cuando Goyache dijo que Begoña, a través de una empleada, lo citó en Moncloa para urdir su cátedra, lo que la convierte en casa de citas de negocios, Camacho montó un número payasesco, hasta que Peinado le instó a "dejar de hacer muecas" y de "coaccionar al testigo".
¿Se prepara la negativa final a declarar de Begoña?
¿Y hasta dónde y hasta cuándo durará este estado de excepción? En principio, hasta el final de la instrucción de este caso, momento en el que barrunto que Begoña se acogerá a su derecho a no declarar y dejará que los mastines de su marido, incluidos sus ministros y medios, muerdan al juez. ¿Y después? Hay ya tantos casos en marcha, algunos, como el de Goyeche, escandalosamente contrarios a la Ley, que forzosamente Sánchez ampliará ilimitadamente el acoso a la Justicia, la politización de la calle y los alardes policiales y mediáticos contra los jueces y medios que le lleven la contraria. ¿Terminará alguna vez? No. Salvo que Begoña lo imponga. Y de alguien que usa la Moncloa como oficina de negocios no esperemos moderación. Estos tíos, estas tías, estos matones, estos corruptos, para continuar a salvo de la Ley, se llevan por delante la Nación, el Estado y lo que sea menester.
