El lunes, 15 de Julio de 2024, Carlos Barrabés declaró ante el juez Peinado que, en sus reuniones de negocios en la Moncloa, con Begoña Gómez, su socia en la cátedra de la Complutense, estuvo, dos veces, Pedro Sánchez. Con Begoña estuvo en la sede de la presidencia del Gobierno ocho veces en total. Nadie puede dudar, desde esa fecha, que la sede de la presidencia del Gobierno, en la que también se encuentra la vivienda privada de la familia Sánchez-Gómez, es el centro de negocios de la trama que investiga el juez.
El martes 16, el Tribunal Constitucional de Pumpido amnistió a Chaves y Griñán, presidentes de la Junta de Andalucía y del PSOE, condenados por el Supremo como responsables máximos del mayor caso de corrupción de la historia de España, el de los ERE, que asciende a 679 millones de euros. La condena se produjo y ratificó en tres instancias: la Audiencia de Sevilla, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal Supremo. Hasta 16 jueces participaron en los tribunales que decidieron su culpabilidad y rechazaron todos los recursos de la Defensa. La ponencia que borraba las condenas de Chávez y Griñán corrió a cargo de Inmaculada Montalbán, condecorada por Griñán con la medalla de Oro de la Junta de Andalucía. Otros dos magistrados del Constitucional hicieron su carrera en la Moncloa o directamente en la dirección general de Justicia de la Junta, caso del exministro Campo, que ocupó ese cargo con los dos presidentes condenados. Pumpido, que se había abstenido en el Supremo cuando se vio el recurso, votó esta vez, junto a los socialistas del TC, llamados Los Siete Maléficos. Un voto particular señaló que era ilegal rejuzgar sentencias del Supremo según la propia jurisprudencia del Constitucional a lo largo de los años.
Sánchez presenta la "Ley Begoña" y la deja para más tarde
El miércoles 17, Pedro Sánchez presentó en el Congreso la llamada Ley para la Regeneración Democrática, anunciada a modo de amenaza en sus famosos Cinco Días de Reflexión y tras la imputación de su señora, que él conocía por su abogado un mes antes. El castigo a los medios que informen sobre las pruebas de la imputación se coloca a la sombra de una disposición de la UE para la libertad de prensa. Sánchez añadió, entre ataques e injurias a los medios que hemos publicado datos que abonan la imputación de su esposa, que repartirá 100 millones de euros a los medios "que lo necesiten" "para su digitalización". Libertad Digital está a punto de cumplir 25 años.
Lo más sorprendente del discurso del presidente del Gobierno, tan faltón como de costumbre y tan airado como siempre, es que, finalmente, esa Ley urgentísima, quedó al albur de ser cambiada antes de ser votada. Cautela impuesta por los socios de Gobierno, que anunciaron su voto en contra.
El jueves, 18 de Julio, aniversario del comienzo oficial de la Guerra Civil, la decana de los juzgados de Plaza de Castilla y presidenta de la APM, María Jesús del Barco, anunció que Begoña Gómez podría declarar al día siguiente con el mismo trato de privilegio acordado quince días antes, es decir, que no entraría por la puerta de los juzgados, que podría tener la misma escolta de cientos de policías que tomaron la Plaza de Castilla y que expulsaron de muy malos modos a los periodistas que cubrían la puerta por la que, en todo caso, no iba a entrar la esposa del presidente del Gobierno. La experiencia anterior fue un escándalo ante la opinión pública, porque ni la infanta Cristina ni Mariano Rajoy disfrutaron de ese privilegio, y porque el trato de favor al Gobierno, al partido y a la familia Sánchez-Gómez llegó al extremo de tomar tres pisos y suspender el trabajo en 24 juzgados, entre otras pruebas de arbitrariedad que, además, sucedieron en plena ofensiva contra el juez Peinado, claramente traicionado por la presidenta de la APM.
El viernes 19, Begoña Gómez acudió al juzgado en las mismas condiciones de privilegio que en su última comparecencia, todavía más ostensibles. Sin embargo, el resultado fue igualmente baldío e insultante para el tribunal. Su abogado, el exministro del interior Camacho, dijo, otra vez, que se negaba a declarar, pero que eso no suponía falta de colaboración con la Justicia, a la que estaba más que dispuesta a ayudar, sino a un consejo de la defensa. A continuación, la defensa injurió de nuevo al juez y a los demandantes, con el apoyo inmediato del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que repitió que no había caso, y que Begoña Gómez sufría un trato especialmente cruel.
El último alarde de crueldad estaba en permitir el juez, pese a la petición del abogado Camacho, que declarasen dos vicerrectores de la Complutense. En ellas, especialmente en la declaración del que era vicerrector cuando a Gómez se le concedió la Cátedra, quedó claro el trato de privilegio, sin antecedentes ni justificación, que el rector, que también acudió a Moncloa tras llamarlo Begoña, dispensó a la esposa del presidente del Gobierno. El rector Goyache había denunciado a Begoña por incumplir los protocolos legales de la universidad para el desarrollo de todas sus actividades. Y esa denuncia, que anunció Feijóo el miércoles, en plena sesión del Congreso, colocaba a una institución de titularidad pública entre los denunciantes, hasta entonces "organizaciones ultraderechistas" con "denuncias falsas".
Hay que añadir el escándalo de Begoña, el del hermano de Sánchez como empleado sin empleo, pero con sueldo, de la Diputación de Badajoz, que, entre otros favores, ha tenido el de la inhibición de la Agencia Tributaria al poner por escrito que no haría la declaración por vivir en Portugal. La juez Beatriz Biedma ha tenido que llamar de nuevo a la UCO para completar los datos de la instrucción de ese caso, al tropezar con la destrucción de los datos de ordenador de dos años, casualmente "formateados" o borrados. A lo largo de toda la semana se han conocido diversos episodios de David Sánchez, el Goliat de las prebendas familiares, más escandalosas que las de Begoña, aunque éstas no se hayan negociado en la Moncloa. ¿O también?
Humillación de los ciudadanos y apoteosis de la impunidad
En fin, es difícil encontrar en el breve lapso de cinco días, una semana a efectos laborales, tan abrumadora serie de pruebas sobre la demolición del Estado de derecho en España, a manos de Pedro Sánchez, su familia, su partido, su Gobierno, sus jueces designados y sus medios subvencionados. La descomposición de los tribunales ha quedado clara en la demolición del Tribunal Supremo, máxima instancia legal, por el Tribunal Constitucional, máxima instancia política, que, de proteger los derechos civiles de todos los españoles, ha pasado a proteger los derechos de los Sánchez-Gómez contra el derecho constitucional de todos los ciudadanos a la igualdad ante la Ley.
Comportamiento similar ha sido el de la decana de los juzgados de Plaza de Castilla, María Jesús Del Barco (ahora Titanic) presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, que abandonó al juez Peinado cuando era calumniado, vejado y maltratado por el Gobierno y sus medios adictos. Mientras los periodistas de cámara del dictador en ciernes insultaban al juez, la que debía proteger la tranquilidad de su trabajo, se puso a las órdenes de la esposa imputada y del esposo imputable. Como al descubrir que un policía es el jefe de los malos, esto es lo que más sorpresa produjo, no en balde la APM era el baluarte profesional de la independencia judicial. Si la primera jornada bajo palio de Begoña resultó bochornosa, la segunda fue descaradamente obscena, ofensiva para la igualdad de los ciudadanos ante la ley, principio que evocó Peinado y desautorizo la decana del Titanic.
No cabe separar la impunidad de la banda de los ERE impuesta por sus amigotes del Constitucional de la ostentosa desigualdad en los juzgados de su cuñada y socia comercial del presidente de Moncloa Inc. Ni de los favores a Mienmano David Sánchez. Ni de la fácil compra de jueces. Ni de la actuación de la policía política de Marlaska, propia de las bandas uniformadas de cualquier dictadura, más que de una democracia europea. En fin, si Rusia puede considerarse medio europea, pero sólo geográficamente, España va siendo una medio democracia cada vez más caribeña.