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José T. Raga

¿Quién avala al avalista?

¿Y si las entidades financieras no aceptaran el aval del Estado como garantía para el crédito hipotecario?

¿Y si las entidades financieras no aceptaran el aval del Estado como garantía para el crédito hipotecario?
Pedro Sánchez. | Europa Press

A vueltas con las promesas y los equívocos. Se desarrollaba la campaña electoral en Galicia; momento, más que propicio, para abundar en promesas del presidente del Gobierno, dirigidas a los jóvenes, menores de 35 años que, cumpliendo los requisitos fijados, podrían disponer de avales, hasta un 20% del precio de la vivienda; presupuesto total, 2.500 millones de euros.

Cómo esto que digo resulta muy largo y probablemente farragoso, el anuncio de la medida, lo simplificó de forma muy escueta, para que todos lo entendieran. Venía a decir que uno de los problemas graves, causa de la tardía emancipación de los jóvenes en España, era el acceso a la primera vivienda, dificultad que quedaría resuelta con ese aval del Estado, por el porcentaje dicho de la hipoteca; hipoteca, que se espera concedan las entidades financieras privadas.

En un país de escasa cultura económica, no es rara la confusión entre aval a la financiación con ayuda al pago del precio. Sobre todo, por la condición de que ese aval se destine a cubrir parcialmente el crédito hipotecario. Seguramente se trata de un error de expresión, pues lo que realmente cubrirá ese aval no es el crédito hipotecario, sino una parte de las garantías necesarias para que una entidad financiera conceda del crédito para la adquisición de la vivienda, más los gastos e impuestos.

La ayuda del aval se limita a que el valor íntegro de la vivienda, más un 20% del aval, inclinen la decisión de la entidad a conceder el crédito hipotecario. Sólo si el avalado incurre en insolvencia, la entidad crediticia tendrá la posibilidad de ejecutar el aval, así como también la propia hipoteca. Aún así, el avalista tratará de recuperar, por todos los medios disponibles, la cantidad satisfecha a la entidad financiera.

Así pues, el plan Sánchez, no es una ayuda para la compra de vivienda, sino una ayuda, en términos de garantías, para que se nos conceda un crédito hipotecario suficiente para la adquisición, que es la deuda que contrae el joven comprador.

¿Y si las entidades financieras no aceptaran el aval del Estado como garantía para el crédito hipotecario? Sin duda se vislumbran instrumentos de coacción sobre las entidades, a los que el sector bancario ya está acostumbrado bajo el imperio de Sánchez.

Aunque, objetivamente, deberíamos pedir aclaración sobre la capacidad del Estado Español para avalar, dado que tiene propiedades inmuebles en el extranjero, embargadas por impagos internacionales a, al menos, diez entidades multinacionales, siendo, la última ocurrencia del presidente, el abandono del Tratado de la Carta de la Energía. Todo, menos pagar lo debido. ¿Cuándo nos sacará, o nos echarán, de la U.E.? Bien harían las entidades crediticias que entren en el plan de vivienda en pedir un segundo aval que garantice el aval del Estado.

Finalmente, un consejo a los compradores: calculen que tienen que atender a las obligaciones de su hipoteca, con sus propios recursos, bien horrados o detraídos de sus rentas presentes.

Nadie les va a regalar nada. ¡Ah! y prescindimos hoy de las consecuencias económicas y sociales del plan de vivienda.

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