Estos días se esta representando en España una tragedia en tres actos sobre la degeneración de la democracia en España que paso a relatarles.
Primer acto: la esperanza. ¡Todavía hay fiscales en Madrid!
El pasado día 10 de febrero del año en curso publicábamos en este mismo diario una opinión titulada "El ministerio fiscal y el proceso independentista: jerarquía, congruencia y seguridad jurídica ¡todavía quedan fiscales en Madrid!". En ella —a propósito de las noticias periodísticas sobre la decisión de la junta de fiscales del Tribunal Supremo de apreciar indicios de terrorismo para imputar a Puigdemont y el rechazo expresado al informe elaborado por el fiscal Álvaro Redondo, que solo veía desórdenes públicos en las protestas contra la sentencia del procés—, acabamos con el grito de alegría y de esperanza siguiente: ¡Todos somos molineros! ¡Todavía hay fiscales en Madrid! Adaptando a la Fiscalía el célebre episodio del molinero del cuento que se enfrentó a Federico el Grande de Prusia por no aceptar la orden de irse —o de callarse— y quien, lejos de amilanarse, acudió a los tribunales de Berlín que le ampararon en su derecho.
Segundo acto: la Declaración del ICAM sobre la actuación de la Fiscalía de Madrid
El pasado día 18 de marzo de 2024 el Colegio de abogados de Madrid publicó una "Declaración institucional de la junta de gobierno del ICAM" sobre el incidente habido con la Fiscalía Provincial de Madrid. En ella, el Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía, acompañado de los diputados y diputadas de su Junta de Gobierno, comparece para comenzar recordando el texto literal del artículo 24 de la Constitución Española para después referirse a que "el derecho de defensa, al que nos debemos los abogados, es sagrado e inviolable: es una garantía para la sociedad, pieza básica del Estado de derecho y un principio fundamental sobre el que se asienta nuestro sistema de justicia. Está reconocido en normas españolas e internacionales por ser elemento consustancial a las democracias". Después expone los 5 ejes fundamentales sobre los que se proyecta el derecho de defensa.
Tras efectuar estas aclaraciones —que resultarían del todo innecesarias, por evidentes, en un Estado de derecho miembro de la UE que no estuviera en una situación excepcionalmente grave de subversión constitucional orquestada desde el poder— la Declaración institucional pasa a relatar los hechos: "El pasado jueves, a las 10:22h de la mañana, la Fiscalía Provincial de Madrid, remitió a los medios de comunicación una nota de prensa en la que se recogían datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados". A continuación, la Declaración institucional manifiesta que "el ICAM considera de extrema gravedad estos hechos porque la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal; y la publicación de dicha información por parte de la Fiscalía no solo: (1) Constituye una vulneración sin paliativos, del artículo 4, apartado quinto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que establece, como pauta general de actuación, el respeto a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados. (2) Sino que también incumple flagrantemente el protocolo de actuación para juicios de conformidad entre el Ministerio Fiscal y el cuerpo de letrados. Regulado en la Instrucción 2/2009 de la Fiscalía General del Estado".
La Declaración institucional acaba anunciando que "la Junta de Gobierno se ha reunido hoy para deliberar y tomar las acciones pertinentes. Las cuales paso a detallarles: 1. Reiterar públicamente, la extrema gravedad de la revelación, por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid, a través de un comunicado oficial de fecha 14 de marzo de 2024, de datos concretos de unas diligencias penales instruidas con objeto de llegar a una conformidad, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones entre el Ministerio Fiscal y el Abogado del investigado, produciendo todo ello una ruptura del principio de confidencialidad que es pilar básico para un adecuado ejercicio del derecho de defensa, consagrado en el artículo 24 de la Constitución. Mediante esta actuación, la Fiscalía ha vulnerado su propia normativa, que establece, como pauta general de actuación, el respeto a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados, tal y como resulta del artículo 4, apartado Quinto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal así como el protocolo que regula los acuerdos de conformidad. 2. El Colegio, hasta que no se establezcan mecanismo reforzados de confidencialidad se desvincula del Protocolo de Conformidades. Y por ello desde este momento insta a una revisión del actual protocolo de conformidades, dada su inadecuación y a que, vistos los hechos, el secreto de sus comunicaciones no parece estar garantizado. 3. La presentación de una denuncia formal que inicia un procedimiento administrativo sancionador contra aquellos que hayan infringido gravemente lo estipulado en el artículo 62 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Dicha normativa sanciona expresamente la divulgación indebida de información por parte de cualquier miembro del Ministerio Fiscal, información obtenida durante o por motivo de sus funciones, especialmente cuando dicha revelación perjudica la integridad de los procesos judiciales o afecta a cualquier individuo involucrado. Se ha constatado una violación flagrante, por parte de la Fiscalía de la AP de Madrid, del artículo 4.5 EOMF, que exige un estricto cumplimiento de los deberes de confidencialidad y discreción, salvaguardando los derechos de los afectados. 4. Dar instrucciones a los Servicios Jurídicos del ICAM para la presentación de la correspondiente denuncia por las posibles responsabilidades penales que hubiere podido hacer lugar por razón del Comunicado Oficial de la Fiscalía AP de Madrid, y en su caso, la personación de este colegio en la causa como parte interesada".
Tercer acto: La alarma: ¿Todavía hay fiscales en Madrid?
A la vista de esta Declaración Institucional del ICAM en defensa legítima de la abogacía, hemos de confesar a los lectores que nos invade una triple sensación de vergüenza, pena y alarma al ver cómo, desde el poder establecido, se pretende instrumentar en la lucha partidista al Ministerio Fiscal que es un vértice esencial de nuestro Estado de Derecho, regulado en el Título VI nuestra Constitución que trata "Del Poder Judicial"; en el que, a pesar de todo, seguimos confiando, por conocer personalmente a muchos y muchas fiscales honrados y trabajadores.
Addenda: ¿Donde está la Comisión Europea?
Mientras esto sucede en España, no alcanzamos a comprender el silencio ominoso de la Comisión Europea que se ha mostrado recientemente combativa contra la corrupción en otros Estados miembros de la UE como son Hungría (un titular de la prensa internacional del pasado 18 de septiembre de 2022 decía: "La UE amenaza a Hungría con suspender 7.500 millones de fondos europeos. La Comisión Europea propuso el domingo a los estados miembros suspender 7.500 millones de euros en fondos de financiación a Hungría por riesgo de malversación, a la espera de que el país ponga en marcha reformas contra la corrupción y de transparencia") o Polonia (un titular de la prensa internacional del pasado 21 de octubre de 2021 decía: "La justicia europea multa a Polonia con un millón de euros al día por vulnerar la independencia judicial").
P.S: En busca de un respirador: Escribo esta Opinión a la espera de recibir el respirador artificial que tengo encargado para intentar sobrevivir en el ambiente putrefacto de corrupción obscena de Koldos, Begoños e Hidalgos que invaden con su resina viscosa nuestra nación, un día orgullosa y decente llamada España.
Alberto J. Tapia Hermida
Catedrático de Derecho Mercantil UCM