Hace bien el líder el PP, Alberto Nuñez Feijóo, en impulsar una investigación parlamentaria "y judicial si es necesaria" sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE sin excluir los escándalos que afectan directamente a la propia esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. A este respecto, recuérdese que Globalia, el holding propietario de Air Europa, patrocinó eventos de Begoña Gómez antes de que el gobierno presidido por su marido rescatara la aerolínea con más de 600 millones de euros del contribuyente; o que esta compañía tenía en nómina a un comisionista detenido por corrupción, "que a su vez estuvo en Barajas de madrugada con Ábalos, Koldo, Delcy y sus maletas en el año 2020", tal y como ha recordado Feijóo; o que Begoña Gomez mantuvo dos encuentros privados con el consejero delegado de Globalia en las oficinas centrales de la compañía en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y una tercera conversación por vía telemática en plena negociación del rescate; o que Pedro Sánchez no se ausentó en la votación del Consejo de Ministros que votó favorablemente al rescate de la aerolínea vinculada con su esposa, hecho por el que el PP ya ha registrado una denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses.
Aun así, también haría bien el PP en denunciar políticamente el montaje contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso que ha organizado el PSOE, con el concurso de la fiscalía, para tapar el caso Koldo, el caso Begoña Gómez y, de paso, la no menos corrupta y escandalosa concesión de amnistía que ha hecho Pedro Sánchez a los separatistas con tal de que sigan sosteniéndole en la poltrona. Y es que pedir la dimisión de Ayuso por la supuestamente defraudadora declaración de renta que hiciera Alberto González Amador —actual pareja de Ayuso— cuando este aun no tenía relación sentimental alguna con la presidenta madrileña, sirviéndose los socialistas además para ello de un delito de revelación de secretos presuntamente perpetrado por el propio Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, constituye un escándalo tan grave como los que esta delictiva maniobra trataba de tapar.
Recuérdese que la Asociación de Fiscales ya pidió en su día la dimisión de García Ortiz por su clamorosa pasividad o ceguera voluntaria a la hora de advertir los delitos de los socios separatistas del gobierno. Pero lo que ahora le reprocha el Colegio de la Abogacía de Madrid —el más importante de Europa— es la revelación de datos de la investigación a González Amador ordenada, según se ha hecho público, por el propio Fiscal General del Estado. De ser cierta esta noticia, que no ha sido desmentida, a quien ostenta la jefatura superior y representación de un órgano que tiene constitucionalmente encomendada la promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de la independencia de los tribunales, ya no sólo se le podría reprochar su pasividad a la hora velar por que ningún delito quede impune sino de cometer él mismo un delito como es el de revelación de secretos con tal de fortalecer la denuncia política del gobierno contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Sánchez ya se ha jactado en el pasado a la hora de señalar "de quién depende la Fiscalía". Y, ciertamente, la única razón que puede explicar que Sánchez no haya cesado fulminantemente al Fiscal General del Estado por ordenar la filtración de las negociaciones —algo completamente atentatorio al constitucional derecho de defensa— es que esa orden haya partido del propio presidente del Gobierno.