Si algo determina unas elecciones es el acceso de los ciudadanos al voto. Hoy disfrutamos del sufragio universal, pero no hace mucho tiempo en España no votaban las mujeres —por cierto, no fue Victoria Kent sino Clara Campoamor la que conquistó ese derecho— o lo hacían sólo ciertas élites. En muchas partes del mundo, el hecho de votar no es ni de lejos una garantía democrática.
El País Vasco es uno de esos lugares malditos. Cuando estaban todos allí votaba —y, sobre todo, dejaba de votar— el miedo. Después, hoy, más de 200.000 personas que debían ejercer su derecho no lo harán porque están en el exilio. Era salir o pagar. Pagar o morir. El grueso de ciudadanos del País Vasco no es separatista pero ya no se puede demostrar en las urnas. Así nacen las dictaduras.
ERC siempre ha presumido de hacer el trayecto "de las armas a las urnas", más bien, a las urnas por las armas, en referencia a su supuesta evolución desde la banda terrorista Terra Lliure. Es el mismo cuento de ETA y sus marcas electorales, asumido ya por casi toda la prensa y buena parte de la política: mejor en un ayuntamiento que poniendo bombas, mejor mandando que matando.
El único destino posible para un asesino profesional debería ser la cárcel y, en todo caso, la inhabilitación de por vida. Nunca la política. No puede acceder al padrón para cobrar la tasa de basura el que antes lo hacía para amenazar como aviso previo al asesinato. Eso no es evolución democrática, es terrorismo en estado latente, como los virus que duermen hasta expresarse de forma aún peor que la primera vez.
El problema central sigue siendo que el Gobierno necesita un blanqueamiento integral, ya no de ETA, sino del terrorismo separatista. Porque es el terrorismo separatista, disfrazado de política, el que hoy sostiene a Pedro Sánchez y eso explica que la estabilidad gubernamental dependa de un expresidiario y de un prófugo. Y de cómo torcerle el brazo a la Justicia para que pasen por demócratas.
El pacto de Perpiñán en el origen
Fue ETA la que pactó no matar en Cataluña en una reunión con Josep Lluis Carod Rovira (ERC) en Perpiñán en febrero de 2004, siendo presidente de la Generalidad Pascual Maragall y a falta de un mes para que llegara la desgraciada presidencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es decir, a un mes del 11-M. Carod Rovira, que en ese momento ejercía de presidente en funciones porque Maragall estaba en el extranjero, se reunió con Mikel Antza y Josu Ternera, entonces jefes de ETA, y les pidió formalmente lo que ya había hecho por escrito en 1991 desde Avui, que se situaran "ante el mapa antes de atentar contra España" y recordaran que "Cataluña no es España".
A cambio, el separatista catalán se comprometió a hacer una declaración a favor del "derecho de autodeterminación de los pueblos del España". Los separatismos vasco y catalán quedaron unidos desde entonces. Veinte años después de aquel pacto —y del 11-M— Carles Puigdemont espera en Perpiñán para cruzar la frontera, quizá cerca de donde ERC y ETA pactaron quién debía morir.
Nada nuevo. Era y es la misma ETA que pactó después con Zapatero llamar "accidentes" a los asesinatos. La que llevaba en el bolsillo números de teléfono del Ministerio del Interior por si, por confusión, se practicaba una detención —Juan Carlos Yurrebaso mostró en un control de la Guardia Civil el número del director general de la Policía Víctor García Hidalgo y otros de comisarios franceses— mientras duraba el proceso de rendición.
Más polvo del camino
A falta de una semana para las elecciones al Parlamento vasco, los demonios de Sánchez revolotean por los pasillos de La Moncloa. Que detrás de Bildu, sin esconderse, está ETA no ofrece dudas a nadie. Hay terroristas en listas electorales pero el más conocido, Arnaldo Otegui, no puede ser obstáculo. Debe seguir siendo el "hombre de paz" del PSOE, tal como fue ungido por Zapatero. Y si la verdad sangrienta se le acerca, pues se espanta.
El polvo del camino cubre por completo las togas de la Fiscalía General desde que Cándido Conde Pumpido las pusiera de felpudo en los zulos de la rendición con ETA. La mugre llega hasta las mismas puñetas cuando se procede también al borrado de la violencia y a obstruir a la justicia como ha sucedido con el caso Luis María Hergueta, empresario asesinado el 25 de junio de 1980, que recientemente se había reactivado en la Audiencia Nacional. El problema es que, con ese impulso judicial corría peligro Otegui y la Fiscalía, esta vez en manos de Álvaro García Ortiz el Inidóneo, ha rechazado cualquier prórroga a la investigación que estaba llevando a cabo la Guardia Civil.
Otegui había participado en el secuestro del director de Michelín Luis Abaitua en 1979. De ese secuestro, por el que fue condenado el de Bildu, se obtuvieron datos de más directivos de la empresa, entre ellos Luis María Hergueta. Lo que documenta la Guardia Civil es que fue Otegui el que facilitó la información necesaria para descerrajarle varios tiros en la nuca. La Fiscalía opta por proteger al victimario.
No han sido pocas las ocasiones en las que la Fiscalía General del Estado ha rendido homenaje a los servidores públicos de la Justicia que han caído asesinados por la banda terrorista ETA. Conde Pumpido, Dolores Delgado y Álvaro García deberían recordar con especial dolor a Carmen Tagle González, fiscal de la Audiencia Nacional, asesinada el 13 de septiembre de 1989 y a Luis Portero García, fiscal jefe del TSJA, asesinado el 9 de octubre de 2000.
Pero también a jueces y magistrados como José Francisco Mateu Cánoves (16 de noviembre de 1978), Francisco Tomás y Valiente (14 de febrero de 1996), Rafael Martínez Emperador (10 de febrero de 1997), José Francisco Querol Lombardero (30 de octubre de 2000. Murieron también asesinados su escolta y su conductor) o José María Lidón Corbi (7 de noviembre de 2001), además de los que resultaron heridos como Fernando Mateo Lage o José Antonio Jiménez-Alfaro Giralt. Unamos a ellos a guardias civiles y policías y pensemos qué opinan de que un fiscal general se convierta en obstáculo para una investigación contra ETA.
Y si eso sucede en el País Vasco, qué decir de Cataluña, que nos espera también con elecciones el 12 de mayo y con el terrorismo redefinido.
ETA ya no existe y no tuvo que ver en el 11-M
La mayoría de los políticos y la prensa se han puesto de acuerdo en que ETA ya no existe, como si eso significara, además, que fue derrotada por la vía judicial y policial. Nada más lejos. Derrotada fue la sociedad española a través de una traición que incluyó chivatazos policiales, colaboracionismo estatal y burla a las víctimas. ETA esta hoy en las estructuras del poder nacional, sosteniéndolo para cobrarse el favor más pronto que tarde, como el golpismo catalán.
Aprovechando el vigésimo aniversario de la masacre de Madrid, medios y partidos han coincidido también en insistir que la banda terrorista no tuvo que ver con el 11-M. Se hace como reproche al PP y a los medios que jamás descartamos nada cuando afrontamos una investigación, aunque lo de ETA y el 11-M duró más en los que nos critican que en los que buscábamos la verdad, fuera la que fuera.
Sin embargo, conviene insistir, por aquello de no olvidar jamás lo inolvidable, en que con la pista falsa sobre ETA quedó resuelto el atentado para los que se sirvieron de él. El fin era dejar claro que el PP sólo investigó la vía vasca —¡como para no hacerlo! — y que nos engañó pese a las continuas ruedas de prensa del ministro Acebes y de que en poco tiempo ya estaban sobre la pista yihadista, tan falsa como la vasca.
No importaba la autoría sino los efectos. Por eso España, argumentaron los beneficiados, merecía un cambio de Gobierno. Tras la era Zapatero volvió a gobernar el PP y hubo que acudir de nuevo a la excepcionalidad fabricando una sentencia que motivó una moción de censura para que el PSOE retornara a La Moncloa. No hay normalidad electoral posible con este PSOE.
El caso es que ha sido ETA la que ha matado a mil personas y destrozado la vida de decenas de miles. Ni inmigrantes ilegales, ni legales. Vascos españoles, a su pesar y el nuestro.
Ha sido ETA la que ha provocado un éxodo que le permitirá llegar al Palacio de Ajuria Enea. Sin Zapatero habría sido imposible, pero ahora el culpable es Pedro Sánchez. Hay mucha sangre ajena en este moderno proceso revolucionario en el que, como en Perpiñán, las urnas y las armas son moneda de cambio.
No nos dejaron saber quién ideó el 11-M. De lo que no cabe duda alguna es que la primera beneficiada ha sido ETA, la ETA que ahora guarda a mano el pasamontañas. En el País Vasco, en Cataluña y en La Moncloa.
Sí, ha sido ETA. Pero, sobre todo, ha sido Pedro Sánchez.