Si nada lo remedia, este próximo jueves se aprobará en el Congreso de los Diputados la ley de amnistía, en lo que será sin ninguna duda el "día de la infamia" en nuestra democracia, como acertadamente lo definió el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante su intervención en el acto que organizó el PP este pasado domingo en la Puerta de Alcalá para protestar por este grave atropello de Sánchez a nuestro Estado de derecho.
Por mucho que la poderosa maquinaria de propaganda sanchista intente tapar la gravedad de la aprobación de esta ley en contra de una mayoría social, habrá que recordar una vez más, que la posición oficial de Sánchez tres días antes de las elecciones generales del 23-J era que la amnistía no cabía en la Constitución. Eso fue así hasta la noche del recuento electoral, donde el jefe del sanchismo comprobó que necesitaría los siete votos del prófugo Puigdemont para poder ser investido presidente. Entonces "cambió de opinión": la amnistía pasó a ser plenamente constitucional y necesaria para recuperar la convivencia, el entendimiento y el diálogo en Cataluña.
Este jueves se consumará en el Congreso este golpe a la democracia, al Estado de derecho, a la igualdad de los españoles ante la ley, aprobando una ley de amnistía que no cuenta ni de lejos con el apoyo de una mayoría social, y que saldrá adelante por una escuálida mayoría de diputados: los del PSOE, los de los comunistas de Sumar y los del resto de grupos nacionalistas/independentistas de los que Sánchez depende para seguir al frente del Gobierno.
Otra cosa es que esta aprobación de la ley y su entrada en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado no garantice su entrada en vigor de forma inmediata. Habrá que ver cual es la reacción del Tribunal Supremo y de los jueces que tienen en sus manos causas relacionadas con aquellos hechos, por ejemplo, si interponen recursos o cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que podrían paralizar por un largo periodo de tiempo la aplicación de la citada ley.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo pidió este domingo a Sánchez que retirara la ley de amnistía y que convocara elecciones para que los españoles pudieran votar, sin sufrir engaño, si quieren o no la amnistía. Legalmente el presidente del Gobierno lo podría hacer a partir de este miércoles 29, cuando se cumpla un año de su anterior convocatoria electoral que llevó a los ciudadanos a votar el pasado 23-J. Aunque el jefe del sanchismo ha dado muestras de hacer cosas estrambóticas, y por lo tanto no hay que descartar nada, si tomara esa decisión, la ley de amnistía decaería y no sería aprobada, al menos en esta legislatura. Por lo tanto, es posible la petición de Feijóo, pero poco probable.
Lo lógico —algo que con Sánchez muy pocas veces se cumple— sería que el Presidente del Gobierno esperase al resultado de las elecciones europeas del próximo 9 de junio, para tomar una decisión sobre un posible adelanto electoral. Hay varios factores que pueden influir en esa decisión: la dificultad de formar un gobierno estable en Cataluña con un Salvador Illa que ganó las elecciones de hace dos semanas, pero que sólo tiene asegurado el voto de los 42 de los 135 diputados del Parlamento autonómico. Si Sánchez no quiere "sacrificar" a su candidato en favor de Puigdemont, y ERC no apoya al candidato socialista, podría dejar correr los plazos para alcanzar un acuerdo en Cataluña, que terminaría el 25 de agosto, fecha en la que, si no hay investido un presidente de la Generalitat, habría que convocar nuevas elecciones autonómicas.
Otro factor a considerar por Sánchez para un posible adelanto electoral sería la evolución judicial de la denuncia por un presunto delito de tráfico de influencias que afecta a su mujer, Begoña Gómez, sin olvidar todas las derivas del conocido como caso Koldo.
Y un tercer factor sería el propio resultado electoral del próximo 9 de junio. Si Sánchez consigue aguantar, como apuntan las encuestas, el previsible triunfo del PP, pero este se produce por menos de lo esperado, y el jefe del sanchismo intuye que una convocatoria de elecciones generales le pudiera ser favorable para sus intereses políticos, entonces las posibilidades de llevarla a cabo crecerían exponencialmente.
Como se puede apreciar, manda el desorden en la política española, propiciado por un presidente fuera de control, que lo mismo se retira cinco días a pensar si le merece la pena seguir, que alimenta un conflicto diplomático con Argentina o reconoce al Estado Palestino sin consensuar esa medida ni con la oposición en España ni con los Países que tienen peso en la Unión Europea. Así es Sánchez y de ahí la urgencia en echarle democráticamente del poder. El 9-J será una gran oportunidad para darle un buen revolcón en las urnas.