"Una campaña del fango de la ultraderecha". Con esta insultante expresión y con unas declaraciones en las que ha sembrado de dudas el proceder del magistrado pero sin acusarle de manera abierta de prevaricación, la ministra Pilar Alegría se ha referido a la decisión del titular del juzgado de Instrucción numero 41 de Madrid Juan Carlos Peinado de "imputar" formalmente a la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, al citarla a declarar el próximo 5 de julio como investigada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado.
Ya sabíamos que para el gobierno de Pedro Sánchez tanto la libertad de expresión como la independencia judicial es una "máquina de fango" que hay que desactivar. Pero que la representante socialista acuse veladamente de lawfare al juez Peinado tanto por proseguir la investigación contra la esposa del presidente como por que la haya citado a declarar durante la ultima semana de la campaña electoral para las europeas es el colmo de la desfachatez. ¿Pretende acaso el gobierno que el juez tenga en cuenta el calendario electoral para retrasar sus actuaciones? ¿Acaso una justicia lenta deja de ser injusta cuando hay de por medio una cita electoral? ¿Ha de hacer el juez instructor caso omiso a su deber de llevar a cabo una instrucción lo más ágil posible, tal y como establece el articulo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?
Pues esa misma desfachatez y esas mismas insinuaciones de lawfare contra el juez instructor, mostraba pocas horas después el mismísimo presidente del gobierno con una nueva carta a la ciudadanía en la que acusa al juez de "condicionar" la campaña y en la que reclama "una respuesta en las urnas este domingo". Vamos, como si de un buen o un mal resultado del PSOE en las urnas este domingo se derivase la inocencia o culpabilidad de su esposa.
Esta noción, propia de una república bananera, sobre lo que es la democracia y el Estado de Derecho es la que, sin embargo, tiene este presidente del gobierno que, por cierto, no ha mostrado extrañeza alguna por la "celeridad inusitada" —esa sí, escandalosa— de una fiscalía que en tiempo récord y sin fundamento alguno quiso dar carpetazo al asunto. Tampoco el gobierno de Sánchez ha mostrado extrañeza alguna ante la ilegal filtración del informe preliminar de la UCO en la que no se apreciaba delito alguno en Begoña Gómez y con el que el gobierno quiso condicionar a la opinión pública.
Precisamente un nuevo informe de la UCO sospecha de una red para dar contratos a Juan Carlos Barrabés, cuya UTE Innove Next SLU- es la destinataria de las adjudicaciones públicas sobre las que se centra la instrucción del caso asi como en las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez. Barrabés, testigo clave del caso, es además quien organizó el Máster de la Universidad Complutense, de Transformación Social Competitiva, que dirige la investigada.
Dejando al margen el hecho de que Gómez podría haber cometido también delitos de malversación o apropiación indebida por registrar a su nombre un software de la Complutense, ni ella ni su marido se han querellado ni han presentado denuncia alguna en defensa de su honor contra ningún medio de comunicación a los que constantemente acusan de lanzar bulos. Y es que ya se sabe: "Fango" no es la corrupción que afecta al Gobierno. Fango es el que la denuncia y la juzga.