El Gobierno social-comunista apenas disimula que uno de sus objetivos centrales consiste en socavar las finanzas de las autonomías gobernadas por el PP y acabar con las parcelas de libertad que mantienen sus ejecutivos regionales frente a los ataques permanentes de la izquierda. Una de las principales señas de identidad de esta otra forma de hacer política es la bonificación de figuras impositivas tan injustas como los impuestos de patrimonio o sucesiones, una característica que distingue a las regiones del PP frente a las gobernadas por la izquierda o los nacionalistas, donde se mantienen este tipo de impuestos abusivos a niveles que, en no pocos casos, llegan a lo confiscatorio.
El llamado impuesto a las grandes fortunas, ideado por Sánchez para impedir que comunidades como Madrid puedan beneficiar a sus ciudadanos y hacer más atractiva la inversión en la región, fue el primer paso para someter a todos los españoles a un mismo régimen extractivo. La implantación de este impuesto se anunció con el objetivo de iniciar un proceso de armonización, eufemismo para colar una subida de impuestos a todos los ciudadanos sin que las comunidades autónomas puedan actuar como barrera de protección. Ahora, el Gobierno pretende hacer lo mismo con el impuesto de sucesiones, una amenaza que de manera escasamente velada anunció ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para aumentar la presión impositiva y, en sus propias palabras, evitar que comunidades como Madrid "atraigan más inversión por bajadas fiscales".
Como hemos explicado en numerosas ocasiones, el impuesto a las herencias es injusto, innecesario y, sobre todo, inmoral. Injusto porque castiga a los ahorradores que transmiten a sus herederos pequeños patrimonios tras una vida de trabajo y sacrificio mientras deja a salvo a las grandes fortunas, cuyos titulares disponen de medios más que suficientes para evitar ese hachazo. Es innecesario porque, en conjunto, no supone ni el 0’3% del PIB, lo que hace que su recaudación sea irrisoria en el cómputo de las cuentas del Estado. Finalmente, es profundamente inmoral porque se aplica sobre bienes que ya han tributado en vida del difunto que transmite la herencia, lo que contraviene el principio de prohibición de la doble imposición o de la creación de impuestos de carácter confiscatorio, proscrito también por el artículo 31 de la Constitución.
Por otra parte, sorprende que el federalismo de la izquierda española y su respeto reverencial a las singularidades de las regiones con gobiernos independentistas, insista en una medida que niega precisamente la capacidad de las comunidades autónomas de gestionar los impuestos cedidos con sus propios criterios y su derecho a no someterse a una normalización estatal como la anunciada por Montero.
La única armonización provechosa para todos es que las autonomías socialistas y nacionalistas imiten a las del PP y compitan con ellas para atraer inversión a través de bajadas de impuestos. Si sus dirigentes actuales no saben, no pueden o no quieren hacerlo, es inmoral que Sánchez amenace con coaccionar a todas las autonomías para que sean tan improductivas y derrochadoras como las que tienen la desgracia de sufrir a gobiernos de los partidos que lo mantienen en La Moncloa.
