
Cuentan las crónicas, entre otras la de Libertad Digital, que PP y PSOE han acercado posiciones en su negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sánchez ha lanzado un ultimátum y amenaza con una renovación unilateral, que le permitiría cubrir con hombres de su cuerda todas las vacantes, las actuales, producidas desde que privara al Consejo de la facultad de hacer nombramientos, y las futuras. Por otra parte, ofrece al PP, si se aviene a llegar a un acuerdo, cubrir la vacante del Constitucional que le corresponde con la persona que prefiera y negociar los nombres del gobernador y vicegobernador del Banco de España, así como la cúpula de RTVE. Da la impresión de que Feijóo está a punto de aceptar, pues eso sugiere su "vamos a intentarlo" con el que contestó a un periodista. Díaz Ayuso le ha advertido de los peligros de hacerlo.
El caso es que Feijóo no debe en modo alguno ceder. Si está hoy tentado de transigir es porque cree que, si no pacta, el presidente cambiará la ley y copará el Poder Judicial con su gente. Si llega en cambio a un entendimiento, aunque sea para estar en minoría en el Consejo, al tener que hacerse las designaciones por mayoría de tres quintos, Sánchez no tendrá forma de imponer sus nombres siempre.
Esta manera de discurrir parece correcta, pero no lo es. Sánchez siempre ha querido la docilidad de las instituciones y jamás ha nombrado para ningún cargo que de él dependa a nadie que tuviera una brizna de independencia. Ahora, encima lo necesita. Está empezando a aflorar una trama de corrupción de la que él es sin duda el cabecilla. Para cuando sea evidente su responsabilidad, tendrá que tener al Poder Judicial bajo control. Le urgen jueces amigos en todas partes. Y los necesita ¡ya! De ahí que haya lanzado el ultimátum: el Consejo se renovará antes del verano, por las buenas o por las malas.
Ante esa tesitura, Feijóo prefiere que sea por las buenas. Sin embargo, no se da cuenta de que, aunque ahora en el Consejo la ley exige el voto favorable de tres quintos de los vocales, bastará una pequeña reforma legal para que la mayoría socialista pueda hacer ella sola todos los nombramientos. Y ya hemos visto lo que hace la gente de Sánchez: comete delitos para poner en evidencia al novio de Ayuso, aminora la condena de otros socialistas con argumentos antijurídicos sin respetar los límites a las competencias del Tribunal Constitucional, defiende con uñas y dientes la amnistía de los enemigos de España, etc. Si esto hacen los subordinados en beneficio de terceros, qué no harán para proteger a su persona. Y si hasta ahora, para amparar a otros, Sánchez ha elegido personas tan sectarias, qué fanáticos no escogerá para que le defiendan de las acusaciones que se ciernen sobre su cabeza.
Es cierto que, si Feijóo no se arruga, Sánchez cambiará la ley a su favor. Pero al menos lo hará bajo su exclusiva responsabilidad y con el escándalo suficiente para que el ruido llegue a Bruselas que, aunque poco, algo hará por defendernos. Europa en cambio no moverá un dedo si ve que todo se hace con la colaboración, siquiera aparente, del PP. Feijóo tiene que acostumbrarse a que, con Sánchez, no hay mal menor que aceptar ni mal mayor que evitar. Sólo está el mal que combatir.