Hace bien Feijóo en no aflojar su critica a Sánchez a pesar de que el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE para la renovación política del órgano de gobierno de los jueces sea el menos malo de los posibles. Es más. Creemos que el líder de la oposición se ha quedado corto en esa critica al gobierno, pues nuestro Estado de derecho sigue estando en jaque no sólo por la persistencia en el cargo de fiscal general del Estado de quien, ciertamente, se comporta como "abogado de la familia", política y personal, de Pedro Sánchez; ni siquiera sólo por algo mucho más grave como es la transformación del Tribunal de Constitucional en una correa de transmisión del Ejecutivo, sino también por la propia proposición de ley que ambos partidos han registrado este miércoles para supuestamente "despolitizar la justicia" y "reformar" la fiscalía. Y es que esta proposición de ley, aun teniendo cosas muy plausibles, deja en un vago y etéreo compromiso lo fundamental, que es el cambio en el sistema de elección de los vocales del CGPJ para que, al menos, la mayoría de los mismos sean elegidos, no por acuerdos políticos entre los grandes partidos, sino por los propios jueces y magistrados.
Así, bien está que la Proposición de Ley incremente a 20 años el tiempo que deberán haber cumplido los miembros de la carrera judicial para poder ser nombrados magistrados del Supremo; o que los jueces que hayan tenido un cargo político ya no puedan reingresarse en el servicio activo hasta dos años después del cese. Bien está, también, que los vocales del CGPJ por el turno de juristas de reconocida competencia ya no podrán haber sido ministros, secretarios de Estado, consejeros o alcaldes en los cinco años anteriores a su designación. Y especialmente plausible es la exigencia de una mayoría de tres quintos de los vocales para el nombramiento de los presidentes de las Audiencias Provinciales y del magistrado del TS competente para conocer las actividades del CNI. Ahora bien, nada de esto, por plausible que sea, borra el "obsceno espectáculo", que diría Gallardón, de "ver a políticos nombrar a los jueces que pueden juzgar a esos políticos". Y esto lo volvimos a ver el miércoles, por mucho que el acuerdo de renovación del CGPJ no haya sido un ejercicio de sectarismo político como el que cabía esperar de un indolente PP y un insaciable acaparador de poder como es el PSOE de Sánchez.
Lo inquietante es que, en este asunto decisivo de la participación directa de jueces y magistrados en la elección de vocales, lo que dice la proposición de ley registrada por PSOE y PP este jueves es algo tan vago y etéreo como el compromiso de realizar, en los próximos seis meses, "un estudio sobre los sistemas europeos para la elección de vocales en órganos análogos", es decir una inconcreta propuesta que luego tendrá que ser aprobada por tres quintos de los vocales y remitida al gobierno de Sanchez, al Congreso y al Senado, para que "la sometan a consideración de las Cortes" y, en su caso, "tramitación y aprobación".
Largo y tortuoso nos lo fiais. Y, aunque nada lo impida, nada tampoco garantiza que esta "participación directa" de los propios jueces y magistrados en la elección de su órgano de gobierno quede en mero ejercicio de cosmética de independencia aun cuando pudiese estar avalado por los propios vocales que ahora han sido designados políticamente y que saben que Congreso y Senado seguirán designando a una proporción de los miembros del CGPJ. Y es que no hace falta estudios de derecho comparado para tener presente la proporción concreta que fija la Constitución a este respecto antes de que la desvirtuara la Ley Orgánica del 85 al grito guerrista de "Montesquieu ha muerto": 4 vocales, el Congreso; 4, el Senado y 12 los propios jueces y magistrados. O la mitad más uno "elegidos por sus pares", tal y como desde hace años nos exige la Unión Europea sin mayor necesidad de estudios comparados.
Así las cosas, sintamos alivio por un acuerdo entre PSOE y PP que podía haber sido, ciertamente, mucho peor; pero que el alivio no se convierta en somnolencia ante una separación de poderes que, como la libertad, siempre está en jaque, más aún con gobernantes como Pedro Sánchez.
