Puigdemont y sus consejeros con acceso al presupuesto del gobierno regional de Cataluña no van a ser amnistiados debido a su afición a meter la mano en la caja, una razón muy de peso que, además, hace honor a las costumbres más arraigadas de la oligarquía catalana, la más ladrona del continente europeo con permiso del socialismo andaluz.
La Sala del Tribunal Supremo que preside el juez Marchena lo explica todo en un auto, redactado en una prosa excelente, que aclara todos los extremos de una decisión que ya solo podrá desvirtuar Conde-Pumpido cuando el asunto llegue al Tribunal Constitucional, añadiendo más inmundicia al lodazal con el que ha enfangado su toga.
La amnistía que exigía Puigdemont era tan grosera que el Gobierno tuvo que fingir cierto prurito excluyendo de su ámbito a los golpistas que hubieran malversado fondos públicos. Lo maravilloso es que todos los que tenían acceso al presupuesto de la Generalidad cometieron ese delito, puesto que desviaron fondos públicos para fines ajenos a los que estaban destinados, aunque ese dinero no lo utilizaran para enriquecerse:
Desde los primeros momentos del derecho codificado, el ánimo de lucro se ha considerado perfectamente compatible con cualquier otra finalidad. El que se apodera de bienes ajenos —en este caso, patrimonio público— comete un delito aunque el metálico obtenido se destine a regalos a terceros, a limosna o a cualquier otra causa altruista. El castigo en los delitos patrimoniales no se justifica por ‘quedarse con las cosas de otro’, sino por ‘quitarle a otro las cosas’.
Podrían haber puesto de su bien pertrechado bolsillo los fondos para hacer barricadas, comprar urnas y sobornar periodistas durante la intentona golpista, pero ellos, prudentemente, decidieron hacerlo de otra forma:
…la única alternativa al alcance de los Sres. Junqueras, Romeva, Turull y la Sra. Bassa, si querían coadyuvar al proyecto independentista, era disponer de los fondos públicos de la Generalitat o pagar de su bolsillo. Y optaron por la primera de las opciones.
Su tacañería les ha llevado a quedar fuera de la amnistía que, sin embargo, alcanzará a todos los fanáticos de medio pelo que salieron a las calles a defender la republiqueta de los 8 segundos. Tampoco podrán beneficiarse Puidgemont y el resto de delincuentes aforados, a los que el juez Pablo Llarena ha extendido los efectos del auto del Supremo, por lo que siguen corriendo el riesgo de ser trincados por una pareja de la Guardia Civil si se atreven a pisar suelo español.
El documento del Tribunal Supremo es el ariete que desmonta la canallada del sanchismo a favor de los independentistas y una base jurídica y argumental espléndida para dar soporte a los recursos que los órganos judiciales van a ir interponiendo cuando les toque aplicar una ley inicua al servicio de un dictadorzuelo. Basta con este párrafo para que los órganos judiciales encargados de decidir, dentro o fuera de España, sepan de qué va el asunto:
El legislador ha estimado necesario abrir un paréntesis a cien años de jurisprudencia y hacerlo para unos hechos y unos protagonistas muy concretos. Un paréntesis que volverá a cerrarse para todos los demás ciudadanos que han sido condenados por un delito de la misma naturaleza.
Amén.