"Las formaciones firmantes nos reclamamos herederas del catalanismo popular, que tiene como principios esenciales el reconocimiento de Cataluña como nación". Así arranca el preacuerdo suscrito entre el PSC y los golpistas de ERC por el que se blindará la exclusión del castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, por el que la Agencia Tributaria Catalana pasará a recaudar "todos los tributos" en esta comunidad y por el que se someterá a referéndum lo que eufemísticamente se denomina "conflicto político en Cataluña".
No se le puede negar el éxito a la formación separatista, de la que depende tanto el gobierno de Sánchez como el futuro gobierno de Salvador Illa, a la hora de lograr que el presidente del gobierno bendiga un acuerdo que, además de hacer trizas la Constitución, en lo que a solidaridad e igualdad entre las comunidades con régimen financiación común se refiere, consolida la independencia de facto de aquella comunidad autónoma y sienta las bases fiscales y financieras de la futura independencia de Iure de la "nación catalana" a la que no renuncian los independentistas. Y es que el presidente del gobierno ha tenido la desfachatez de calificar de "buena noticia" la cesión a la administración catalana de todos los impuestos, cesión que negaba hasta hace nada su ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pero este "cambio de opinión" —léase, mentira— palidece con la desfachatez del presidente del gobierno al afirmar que este acuerdo constituye "un paso hacia la federalización" y "un compromiso con los servicios públicos" o al equiparar la soberanía fiscal concedida con la cesión del 30% del IRPF que Aznar otorgara a todas las comunidades autónomas.
Al margen de que nuestra Constitución no reconoce a España como un Estado Federal, hay que decir que la cesión de la recaudación de todos los impuestos a una administración regional no es muestra de un modelo federal, sino confederal. A pesar de no ser España un Estado Federal, nuestras autonomías ya gastan desde hace años un porcentaje de la recaudación total muy superior a la de cualquier país de la OCDE, excluyendo Canadá. Así, las administraciones regionales españolas, en detrimento de la administración central o municipal, gestionan un porcentaje de ingresos superior en cerca de un 50% al de los cantones suizos, los länder alemanes o los estados de EEUU por citar solo tres ejemplos.
Con todo, lo más grave del acuerdo, junto al peligro que conlleva para la financiación de todos los servicios públicos en España, es la asimetría y desigualdad respecto al resto de comunidades autónomas que implicará que la administración autonómica catalana pase a recaudar el 100% de los impuestos, lo que obligará a comunidades como Madrid, Baleares o Comunidad Valenciana a aportar todavía más de lo que reciben. Es cierto que esta asimetría también se da con el régimen foral en el país Vasco y Navarra, cosa criticable pero que, a diferencia de Cataluña, tiene amparo en la Constitución. Y es que este "concierto catalán", a diferencia del vasco y el navarro, no deja de ser una reforma encubierta de la Constitución.
Así las cosas, es perfectamente comprensible que todos los presidentes de las comunidades autónomas de régimen común —incluido el socialista Page— hayan denunciado el acuerdo, como también lo ha hecho el expresidente socialista del Gobierno Felipe González.
Desgraciadamente, también era previsible que el nihilista de Sánchez cediera al mismo con tal de sostenerse en el Poder. Su forma de apaciguar a los separatistas no es otra que aliarse a ellos para fortalecerlos política y fiscalmente.
