El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene una particular concepción del cargo que ostenta. Considera que la presidencia le da derecho a no dar explicaciones y a explotar los recursos del Estado sin reserva alguna, entre otras muchas cosas. Su desconexión con la realidad es absoluta. Para él la calle es un decorado con figurantes que militan en el PSOE. Debió de ser en un ataque agudo de vanidad cuando concibió la delirante estrategia de anunciar una suspensión temporal de sus funciones durante cinco días para decidir si dimitía o continuaba en el cargo. Y no contento con ello tuvo el cuajo de escribir una carta dirigida a los españoles para decir que estaba profundamente enamorado de su esposa. Como concursante de Gran Hermano o First Dates estaría sensacional. Pedro, 52 años, presidente del Gobierno. Se define como un hombre enamorado. Tanta transparencia para algunas cosas y ninguna para la mayoría.
Todo lo que rodea a Sánchez en relación a la peripecia judicial de su señora es tóxico y potencialmente letal en términos políticos y jurídicos. Sólo al que asó la manteca se le puede ocurrir el despropósito de recurrir a la abogacía del Estado para querellarse contra un juez. Eso es malversación y es prepotencia. Es desprecio a las instituciones, a las funciones y a las apariencias. Puro totalitarismo ejercido sin vergüenza alguna. La Fiscalía es mía y el Estado soy Yo, la institución de la presidencia del Gobierno hecha carne.
El deterioro impreso al sistema por parte de Sánchez es incalculable. Pero él se ríe. Está dispuesto a desconectar Cataluña del resto de España para investir a Illa y le hace gracia. Que se jodan los carvajales y los peinados. Tal vez no le guste España o considere ingrata a la ciudadanía. Suele pasar. Con todo lo que ha trabajado él por la nación y van e investigan a su esposa. A Pujol le sucedió lo mismo, pero ya retirado. Los negocios de Marta y de los hijos, que habían crecido huérfanos por culpa de la "nació" y se lo cobraron pegando pelotazos en nombre del padre y de la madre superiora.
La estrategia jurídica de Sánchez es una calamidad. Iba a colaborar con la justicia y se acoge a su derecho a no declarar. Recurre a la abogacía del Estado para acusar al juez de prevaricación con la de buenos letrados que hay en su partido. O el mismo Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, a la altura de la moralidad de la maniobra perpetrada por Sánchez. ¿De quién tomará consejo el presidente? Si finalmente el "no caso" acaba mal será en gran parte gracias al marido de la "catedrática" y hermano, por cierto, de un genio de la bilocación y la música. Se comprende que el concierto catalán le importe una higa. Que si es inconstitucional y que si patatas. ¿De quién depende el Tribunal Constitucional de mi Conde-Pumpido? Pues eso, que federalistas de izquierda.